Noemí Santana, Gemma Martínez y Javier Bermúdez, en el encuentro celebrado en este periódico. / cober

La renta ciudadana llegará a las primeras familias a principio de año

La ley, que prevé llegar a 40.000 personas en situación de vulnerabilidad, se encuentra en fase de trámite parlamentario

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La ley de renta ciudadana está a punto de materializarse tras un largo recorrido legal y administrativo, aún a falta de que concluyan los trámites parlamentarios. La previsión de la Consejería de Derechos Sociales es que entre diciembre y enero ya puedan percibirla las primera familias en situación de vulnerabilidad, si bien dependerá de «la agilidad de los diputados y diputadas». Queda aún la presentación de las enmiendas parciales de los grupos, la ponencia de la ley y el pleno para su aprobación definitiva.

Así lo explicaron la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, la viceconsejera, Gemma Martínez y el director general del área, Javier Bermúdez, en el análisis que realizaron este lunes en una jornada organizada por CANARIAS7. «Vemos que ha levantado una gran expectación y esperamos no defraudar», apuntó Santana. «Con esta ley se amplían derechos y damos una mayor cobertura social con unos mínimos».

La norma, que se inicia como proyecto a comienzos de la legislatura, dará cumplimiento con retraso a uno de los mandatos del Estatuto de Autonomía y aspira a cubrir las necesidades básicas de al menos 40.000 personas, sustituyendo a la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI). «Llegamos tarde, somos de las últimas comunidades autónomas en tener una renta y la que menos destinaba a políticas sociales, pero eso va a cambiar», añadió Gemma Martínez.

El compromiso del Gobierno, además, no solo ha buscado el consenso entre partidos sino también entre distintas consejerías, lo que demuestra su «complejidad». Siguiendo el modelo de Navarra y Euskadi, el Ejecutivo ha ido adaptándolo a la realidad del archipiélago, que cuenta con unos índices de pobreza se han multiplicado en un 17%. En este sentido, se han abordado fundamentalmente tres mejoras con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que será sustituida por la renta ciudadana.

Más cuantía y más personas

Por un lado, se ampliarán las cuantías para los beneficiarios y se moverán entre un mínimo de 517 euros, en caso de una unidad familiar unipersonal sin discapacidad, hasta los 1.100 euros para una familia numerosa de 4 hijos y dos progenitores.

Por otro lado, desaparecen las renovaciones, que se efectuaban cada seis meses, y el límite de tiempo, por lo que las personas seguirán recibiendo la prestación siempre que sus condiciones sean de riesgo y sin necesidad de rehacer los trámites. «Nos parecía ilógico que el sistema te expulsara a los 24 meses sin tener derecho a ninguna otra cobertura si no había cambiado esa situación», apuntó Bermúdez.

«Llegamos tarde, pero eso va a cambiar. Tenemos un buen borrador que habla de ciudadanía y eso es hablar de derechos»

Gemma Martínez

Aclararon los representantes de la consejería que, sin embargo, sí habrá revisiones periódicas para constatar que puedan seguir siendo beneficiarios, pero con un ahorro que se traducirá, también, en los trámites.

Precisamente, este es el tercer aspecto en que se ha hecho hincapié desde Derechos Sociales. «No queríamos que se convirtiera en una gymkana para las personas empobrecidas», continuó el director general.

Momentos de la jornada celebrada en C7. / Cober

Capacidad

El mayor peso en la tramitación de las solicitudes de la renta ciudadana serán asumidas directamente por el Gobierno de Canarias, lo que conseguirá liberar a los servicios sociales de los ayuntamientos para la que puedan concentrares en los itinerarios de inserción social.

También jugará un papel importante la telematización. En principio, alrededor de unas 10.800 personas pasarían automáticamente a formar parte de la renta sin necesidad de realizar ningún otro trámite.

Entiende la consejera que sí habrá medios suficientes para que se cumplan con los plazos y los importes, ya que apunta que no solo es «un mandato de nuestra carta magna» sino también un compromiso «firme» del Pacto de las Flores. De hecho, asegura que la comunidad autónoma ya ha puesto en marcha algunos de los recursos necesarios para poner en funcionamiento la renta. Por ejemplo, el incremento de la plantilla de la dirección general de Derechos Sociales, que se traduce en que no existe ya lista de espera para percibir la PCI.

«La renta ciudadana no sacará a las familias de la pobreza, pero sí les permitirá comer»

Javier bermúdez

«También estamos invirtiendo fondos europeos en sacar la licitación del aplicativo que va a ser necesario para gestionar la renta y, aun así, hará falta un esfuerzo más para que sea una realidad», enfatizó Santana.

Según los datos que maneja la consejería, si solo se trasladaran los beneficiarios de la PCI, supondría un coste de unos 80 millones para la comunidad autónoma, teniendo en cuenta solo el incremento de las cuantías. Si, además, se contempla la ampliación de los perfiles vulnerables, en la etapa «más ambiciosa» de la renta, la inversión del Gobierno regional alcanzaría entre los 100 y los 120 millones de euros.

«Unos mínimos que no desincentivan el empleo»

El director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, quiso desmontar el concepto de que la renta podía desincentivar el empleo entre los beneficiarios partiendo de la base de que la prestación, que es complementaria y no se restringe en el tiempo, evita que puedan rechazar ofertas -aunque precarias- solo por temor a la inestabilidad.

«Pasamos de la idea de que es una prestación que dura hasta que la gente se incorpore al mundo laboral, porque a veces eso no es una opción. Hay perfiles que no pueden reincorporarse, así que nos enfocamos en la inclusión social de esas personas», explicó Bermúdez, que considera que Canarias no puede permitirse los actuales niveles de pobreza extrema. «Se trata de unos mínimos. La renta no les va a sacar de la pobreza pero sí les permitirá comer».

La viceconsejera del área, Gemma Martínez, también puso el foco en que la inversión en este tipo de prestaciones supone un beneficio en la economía canaria: «cada euro destinado a estas personas es un euro que se queda, no se deslocaliza en el extranjero. Esa gente come, trabaja y gasta aquí».

En este sentido, la renta ciudadana también tendrá en cuenta la variación del IPC en revisiones anuales, un hecho «importantísimo» en el contexto actual, afirmó Noemí Santana, donde la inflación está afectando a la pérdida del poder adquisitivo de las familias canarias.

La ley también contempla complementos que se desarrollarán en una segunda fase y entre los que destacan tres: el de vivienda, que facilitará el acceso al alquiler; el de las pensiones no contributivas, dotándolas de mayor cuantía y continuidad; el de las rentas del trabajo, para profesiones precarizadas; o el de los estudios.

Vídeo completo de la jornada celebrada en C7

Vídeo. Vídeo completo de la jornada celebrada en CANARIAS7. / c7