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La Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular será de obligada aplicación a partir de abril del próximo año 2025. Elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y enmarcada dentro de un Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, tiene por finalidad la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos. Se trata de una normativa nacional que deben aplicar comunidades autónomas y que obliga a los ayuntamientos a implementar una tasa de basuras por el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento de residuos.
La norma, a instancias de la Unión Europea, lo que busca es una «sociedad del reciclado». Y en esta línea, se persigue por todos los medios reducir el uso del plástico, así como reciclar y reutilizar de tal manera que disminuya la generación de residuos.
Pero, quien genera basura, paga. Así que a partir de abril de 2025 todos los ayuntamientos están obligados a cobrar una tasa de basura, previo redacción de la correspondiente ordenanza. En Canarias ya algunos consistorios pasan un recibo por esta recogida de residuos, pero la mayoría no lo hace.
Las estadística de la Agencia Tributaria Canaria dan cuenta de que la recaudación acumulada hasta septiembre de este 2024 del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos (IDRVICR) suma 28,5 millones de euros. Para el mismo periodo, en 2023 se habían recaudado 15.615.846 euros –el año se cerró con 20.371.007 euros–. Así que sin tener aún los datos del último trimestre de este 2024, la recaudación ha aumentado.
«En términos de presentaciones, observamos un incremento del 7,46% con respecto al ejercicio anterior 2023: las presentaciones (modelo 593) correspondientes al 1T y 2T de 2024 alcanzaron la cifra acumulada de 16,7 millones, mientras que las presentaciones (modelo 593) correspondientes al 1T y 2T de 2023 ascendieron al importe de 15,6 millones». Y como apunta la Agencia Tributaria Canaria, «hay que recordar que el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos es un impuesto estatal cedido a la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya aplicación se inicia el día 1 de enero de 2023. El periodo de liquidación de este impuesto coincide con el trimestre natural y el plazo de presentación de las autoliquidaciones (modelo 593) es el mes natural siguiente al periodo de liquidación trimestral correspondiente».
Recientemente el diputado del grupo Popular Jacob Qadri logró el respaldo del Parlamento de Canarias para instar al Gobierno de España a modificar la Ley 7/2022 y que su aplicación «no repercuta en el bolsillo de los ciudadanos con un aumento significativo de la carga impositiva».
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Patricia Vidanes Sánchez
Qadri lo que critica es que la ley sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular «obliga a los ayuntamientos a implementar una tasa de basuras por el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento de residuos a partir del 10 de abril del próximo año y cuyo importe lo tendrán que costear íntegramente nuestros vecinos». La aplicación de la ley supondrá «un incremento de al menos el 100% del recibo de la basura para la mayor parte de viviendas y del 150% para las actividades comerciales, industriales y de hostelería» lo que para el PP es «un verdadero abuso sin precedentes».
El diputado del Partido Popular (PP) Jacob Qadri defendió recientemente en el Parlamento de Canarias que este sentido, Qadri hizo hincapié en que «al contrario de lo que quiere hacernos creer el gobierno de España», la Directiva de Residuos de la UE «no impone directamente a los estados miembros la obligación de incrementar la tasa de basura para cargar el coste de la medida al bolsillo de los ciudadanos». Por este motivo, la Proposición No de Ley aprobada por el pleno de la Cámara autonómica a instancias del PP pide al Ejecutivo canario que inste al Gobierno de España a respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los consistorios para establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal.
La iniciativa popular pide también que se impulse de manera prioritaria y urgente la reforma de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para que la consecución de los objetivos de la Directiva Europea no signifique una sobrecarga impositiva al ciudadano, así como la puesta en marcha de un plan nacional que apoye la creación de infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos en materia de residuos.
En la misma sesión, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, preguntado por el diputado de Vox Nicasio Galván sobre medidas para evitar una tasa de basuras que «empobrecerá aún más a los canarios», recordó que la subida de la tasa de basura es por transposición de la normativa comunitaria. Y aunque señaló que el Gobierno de España «se ha pasado de frenada», también señaló que el Ejecutivo canario «no puede hacer nada», salvo cumplir la ley. Según el presidente, el aumento de la tasa de basura será un quebranto para la economía de los ciudadanos canarios y perjudicará a los cabildos.
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