Palo para los ciudadanos: 150 euros de media al año con la nueva tasa de basura

Transformar la Unión Europea en una sociedad del reciclado y contribuir a la lucha contra el cambio climático es uno de los grandes objetivos de los países miembros. En ese camino, hace ya más de dos años que se aprobó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La norma entra en vigor el próximo 25 de abril de 2025.

En la práctica, todos y cada uno de los ayuntamientos de España tendrán que cobrar a sus vecinos y vecinas una tasa de recogida de residuos.

En muchos municipios, esto supondrá una novedad, al no existir en estos momentos tasa alguna. Es el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que debe desarrollar una ordenanza específica, que en un pleno puso de ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, con una tasa de 141 euros por hogar, de promedio, y de 310 euros para comercios.

Otros municipios deberán adecuar la tasa actual, de tal manera que ya han calculado un incremento del 54% en el recibo de la basura -caso de Barlovento, en La Palma-.

Mientras, el recibo de 15,40 euros que pasa al trimestre el Ayuntamiento grancanario de Gáldar tendrá que actualizarlo.

La ley establece «la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria (PPPNT), diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia, tasas que deberían tender hacia el pago por generación».

Como señala Jacob Qadri, diputado del Grupo Parlamentario Popular, esta tasa va a suponer un «robo a mano armada al bolsillo de los vecinos». Es la ciudadanía la que pagará en su totalidad el gasto que supone la generación de residuos, aunque entiende Qadri que «el Gobierno de España lo que quiere es cargar un impuesto a los municipios sobre las toneladas de residuos que genera, y eso hay que repercutirlo entre los vecinos y vecinas».

De este modo, los ayuntamientos, si no la tienen, habrán de redactar y aprobar la ordenanza correspondiente para después aplicarla, pudiendo suponer un 200% de incremento impositivo. «Y eso en un momento complicado, después de los últimos dos años con un aumento de los precios de todo, de la cesta de la compra, la luz, el combustible, todo», remarca Qadri. «Es un cobro sensible».

Es cierto que hay ayuntamientos, pocos, que han regularizado la tasa de residuos. «Pero los costes van aumentando, el servicio es cada vez más caro», y por ley los ayuntamientos no podrán asumir parte de ese gasto, como se venía haciendo hasta ahora. Son los ciudadanos los que han de sufragar el servicio.

Y es que generar residuos tiene un coste. Los ayuntamientos pagan una tasa por el uso del vertedero, lo que en su totalidad para Las Palmas de Gran Canaria supondrá al año un recibo total de 15 millones de euros.

Lo que dice Qadri es que «los servicios hay que pagarlos, sí, pero hay que ser sensible» con los ayuntamientos que cumplen, que tienen las cuentas saneadas, y también con la ciudadanía.

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