Así recaudaba 'Tito Berni': el pago al club era «obligatorio»

«Yo hice una aportación a la asociación porque era obligatoria para entrar en Canarias». La frase la pronunció el empresario Miguel Ángel Robayna en una conversación telefónica con el también empresario José Suárez, ambos investigados en el caso Mediador.

La asociación a la que se refiere es la entidad deportiva Vega de Tetir, de Fuerteventura, un club que llegó a presidir el entonces diputado socialista y ex director general de Ganadería del Gobierno canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, a quien la Policía Nacional coloca en la cúspide de la trama creada para, supuestamente, favorecer desde las administraciones públicas a inversores a cambio de pagos en metálico.

Esa y otras conversaciones fueron aportadas por Miguel Ángel Robayna al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria, que prevé concluir en breve la instrucción del caso Mediador. El periódico 'Abc' avanzó este jueves el contenido del informe.

En abril de este año, la Policía Nacional remitió a la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres un informe en el que detallan esas y otras conversaciones entre Miguel Ángel Robayna y José Suárez. Se refieren a contactos en 2021, cuando ambos empiezan a sospechar que han sido víctimas de una estafa que atribuyen al citado político, su sobrino Taishet Fuentes, que también ocupó la Dirección General de Ganadería, y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.

En ese momento, los inversores llegan a la conclusión de que han pagado un dinero a cambio de unas prebendas administrativas y políticas que no se van a materializar. De hecho, comentan dos vías para recuperar el dinero: contactar con «los políticos» que habrían tenido a Navarro Tacoronte a su lado e iniciar acciones judiciales contra los presuntos estafadores.

«Yo tengo dos transferencias hechas a dos políticos», afirma el empresario José Suárez, que contactó con la trama para vender drones al Gobierno, los cabildos y ayuntamientos canarios. «A una asociación que él es político y otra a la cuenta corriente de un político, exactamente», agrega.

En la conversación, es Miguel Ángel Robayna quien pone nombre «al de la asociación: ese es Juan Bernardo, si no me equivoco». «Sí, sí, correcto», le contesta José Suárez. Seguidamente su interlocutor agrega que va a contactar con Bernardo Fuentes y le va a reclamar que devuelva el dinero entregado.

El empresario que vende drones es el que explica el motivo de los pagos y en concreto el de la asociación deportiva majorera: «Era obligatoria para entrar en Canarias».

Acto seguido, Miguel Ángel Robayna menciona otros inversores que habrían sido también víctimas de los engaños. Da los nombres del ganadero tinerfeño Alberto Montesdeoca y el matrimonio formado por Esteban Banús e Inmaculada Roca, todos ellos investigados en el caso Mediador.

Pocos días después, José Suárez traslada el asunto a Fuentes Curbelo y este, a su vez, le dice a Antonio Navarro Tacoronte: «Vete buscando abogado».

En esa conversación entre el que fue diputado y el intermediario, hay referencias a la labor del parlamentario como gestor para la inscripción de empresas en la Zona Especial Canaria (ZEC). La Policía Nacional alerta en su informe al juzgado sobre la «incompatibilidad» de esa labor y la condición de parlamentario.

Según la investigación, estas conversaciones aportadas por Miguel Ángel Robayna suponen el principio del fin de la trama, que tuvo durante meses las puertas de la Dirección General de Ganadería abiertas y también las del Servicio Canario de la Salud (SCS), con frecuentes reuniones de Navarro Tacoronte con el que fue director de ese organismo sanitario, Conrado Domínguez.

El nombre de Conrado Domínguez también sale a relucir en esas conversaciones entre el empresario de los drones y Miguel Ángel Robayna, que señalan cómo creyeron en la capacidad de mediador de Navarro Tacoronte cuando lo vieron sentado con ese y otro alto cargo, así como conversando telefónicamente con ellos.

En las grabaciones aportadas por Miguel Ángel Robayna al juzgado hay menciones a un negocio de compra de coches para el Servicio Canario de Salud en el que también habría mediado Navarro Tacoronte, con Conrado Domínguez al tanto de todo.

Asimismo, los empresarios que se sintieron estafados comentaron que Navarro Tacoronte les hacía llega por WhatsApp los números telefónicos de miembros del Gobierno canario para acreditar su influencia. Uno de esos números, según comentan, sería el del entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

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