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El consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, Pablo Rodríguez, «no se entera» de las consecuencias generadas por la «mala negociación» sobre la gratuidad de las guaguas.
Así lo considera el diputado del PSOE Miguel Ángel Pérez del Pino quien señala que, contra los datos del Gobierno -que apuntan a un coste real de 141 millones por tener transporte terrestre gratis-, la cifra asciende a 288 millones.
La comunidad autónoma negoció la aportación de 81 millones por el Estado, pero esta cantidad se ha revelado insuficiente y ahora intenta que asuma esos 60 millones más que cuesta.
Pérez hace hincapié en que no sólo hay que hacer frente a la subvención al viajero, sino que la gratuidad de las guaguas tiene gastos añadidos, desde pagar nuevos vehículos o más sueldos a talleres, etc.
Por eso, entiende que esta subvención «debe ser progresiva para que beneficie a quien más lo necesita» y puntualiza que, por ejemplo, un 70% de viajeros tiene una renta anual inferior a los 26.000 euros.
De otra manera, reitera, se está perjudicando a quienes realmente precisan viajar en guagua y a un porcentaje importante «se les expulsa del transporte público» por los inconvenientes que genera el incremento de usuarios, además de que se daña a taxis y guaguas en la ciudad, donde se utilizan trayectos muy cortos, y acaba generando déficit.
Insiste el parlamentario socialista en que «no nos oponemos al transporte gratuito, pero en este caso queda claro que está mal negociado». Agrega que «se ha abierto la puerta sin control y los operadores están teniendo que acudir a préstamos bancarios para poder hacer frente al servicio».
Al respecto, detalla que el transporte público terrestre es competencia de los cabildos, pero no se les inyecta este dinero de manera inmediata, por lo que las empresas tienen que responder a estos costes.
Califica la situación de «despropósito y recuerda que de los 288 millones anuales que cuestan las guaguas gratis según los datos que maneja, el Gobierno de Canarias aporta 10 millones (2,88%).
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