«No procede atribuir consecuencias jurídicas» por abandonar la coalición NC-FA

«Ni traidores ni tránsfugas». Ese es el lema de los gestores públicos que se han ido uniendo al proyecto político que lidera el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, acompañado de formaciones independientes de la mayoría de los municipios de Gran Canaria y de 22 concejales, incluidos dos alcaldes, que concurrieron en los últimos comicios bajo las siglas de Nueva Canarias-Frente Amplio.

Mientras desde la dirección de NC aseguran que los concejales en cuestión «son tránsfugas» y que deben entregar sus actas; la otra parte, el hasta ahora llamado sector crítico, se basa en un informe jurídico de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias para defender sus posiciones y el buen nombre de los ediles señalados.

A solicitud del Ayuntamiento de Gáldar, el viceconsejero Antonio Llorens firma un documento en el que se precisa que «mientras la vigente regulación no sea modificada, sin perjuicio de mejor criterio ajustado a derecho, no procedería atribuir consecuencias jurídicas a la última de las hipótesis planteadas por la Corporación Local solicitante del presente asesoramiento, más allá de lo que pueda acontecer o decidirse en el seno del correspondiente grupo político municipal o en el seno de la Coalición electoral, y de lo que los propios concejales afectados puedan libremente decidir».

Para llegar a esa conclusión analiza «el caso hipotético» en el que «alguno de los partidos políticos que conforman la coalición electoral que presentó la candidatura, haya decidido abandonarla, en cuyo caso los concejales pertenecientes a dicho partido tampoco pasarían a la situación de no adscritos».

Si bien es cierto que el caso que se analiza es una posible expulsión disciplinaria, por parte de uno de los partidos políticos que forma parte de la coalición electoral (con la denominación BNR-NC), entiende el sector crítico que tal análisis se extiende a todos los que concurrieron bajo con NC-Frente Amplio en coalición.

Y se hace alusión a una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que «son los representantes, en este caso los concejales y no las formaciones políticas o electorales en cuyas listas son elegidos, quienes ostentan la exclusiva titularidad del cargo público y quienes, en consecuencia, integran el Ayuntamiento, así como que la representación en sentido jurídico político del término surge sólo con la elección y es siempre representación del cuerpo electoral y nunca de aquellas formaciones». O lo que es lo mismo: el acta de concejal es de la persona y no del partido.

En cuanto a la figura del concejal no adscrito y su estatuto jurídico, con la finalidad de dotar de reflejo en la legislación positiva lo acordado en el Pacto Antitransfuguismo adoptado por la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales, se aclara qué concejales son considerados así. Como «los que sean expulsados de la formación política que presentó la correspondiente candidatura», que es lo que pretende NC con los 22 concejales que han dejado esta formación. Pero, «excluye expresamente de dicha consideración de concejales no adscritos, cuando se trate de candidaturas presentadas como coalición electoral, y alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla».

Y, dice el informe de la Viceconsejería, «no se puede olvidar que el partido político que supuestamente habría expulsado disciplinariamente a los concejales no concurrió a las elecciones como 'formación electoral o formación política' por la que fueron elegidos aquellos concejales, sino que, antes al contrario, la formación electoral que obtuvo representación en las elecciones municipales, fue una coalición electoral» formada por diez partidos, entre los que se encuentra el partido político que presuntamente ha expulsado disciplinariamente a los miembros que designó para concurrir a las elecciones bajo la denominación de la coalición electoral.

A todo ello hay que sumar que nuestro texto constitucional «viene a proteger a los representantes que optan por abandonar un determinado grupo político, de manera que de dicho abandono no puede derivarse la pérdida del mandato representativo».

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