Otra presunta corrupción en las islas, a la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea está a un paso de asumir la investigación de otra presunta trama de corrupción en las islas: el caso de la fundación Respuesta Social Siglo XXI, varios de cuyos trabajadores están investigados por supuestamente derivar para gastos personales parte del dinero que la organización no gubernamental recibía del Gobierno de Canarias en la anterior legislatura para atender a menores migrantes no acompañados.

En un auto del pasado 30 de agosto, el juez Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, notificó a las partes que se inhibía en favor de la Fiscalía Europea.

En este caso, avanzado en primicia en su día por CANARIAS7, están investigados, además de la propia fundación, María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy, que ocuparon puestos de responsabilidad y de gestión en la citada entidad.La Fiscalía Europea ya asumió el llamado caso Mascarillas, centrado en el contrato del Servicio Canario de la Salud con la empresa RR7 por la compra de un millón de tapabocas, material que nunca llegó a la Sanidad canaria.

Además, ese órgano fiscal de ámbito comunitario investiga contratos vinculados al caso Mediador, en concreto los que habrían beneficiado al empresario de drones José Suárez Esteve y en los que habría intermediado, entre otros, el general ya jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

Asimismo, la Fiscalía Europea abrió diligencias a partir de una denuncia de un particular sobre decenas de contratos realizados durante la pandemia por el Servicio Canario de la Salud.

En el caso de la fundación Respuesta Social Siglo XXI, la Policía Judicial informó por escrito que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, dirigida por aquel entonces por Noemí Santana, habría pagado 958.913 euros de más a esta ONG por el alquiler de dos de los centros que gestionaba en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 al 30 de mayo de 2023. Es uno de los aspectos investigados en la causa, que tiene su origen en la querella interpuesta en mayo de 2023 por Javier Ródenas, delegado en Canarias de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal apreció indicios de la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos, supuestos ilícitos atribuidos a los gestores de esta organización sin ánimo de lucro. Ademas, la fundación no estaba al corriente en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal y en la querella el fiscal apuntó que los investigados habrían utilizado «en beneficio propio» parte de los fondos públicos destinados al cuidado de menores migrantes no acompañados. La causa de la inhibición.

En su auto de 30 de agosto, el juez García García-Sotoca señala que la Intervención General de la Comunidad Autónoma le remitió un escrito en el que hizo constar que 1,9 millones de euros abonados a la fundación investigada fueron imputados a «créditos derivados del instrumento europeo de recuperación Next Generation».

Sin embargo, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias emitió un informe señalando que el acogimiento residencial de esos menores migrantes no acompañados se retirase del marco de los fondos comunitarios «ante la complejidad de justificación de estos fondos». Es por ello que el Ministerio Fiscal ya indicó al juez que su criterio era que mantuviese la instrucción del caso y no se inhibiera en favor de la Fiscalía Europea.

En el auto del 30 de agosto, el propio juez recuerda un precedente similar: en el caso Mascarillas inicialmente el dinero con que se pagó a la empresa RR7 se cubrió con fondos europeos pero al final se sacó de ese marco el expediente. Pese a ello, la Fiscalía Europea se avocó la competencia instructora.

También los abogados de los investigados comunicaron al juez que entendía que debía seguir llevando la investigación, «dado que los gastos son atribuibles a los presupuestos (...) de la Comunidad Autónoma de Canarias».

Pese a esos informes, el juez acordó «la inhibición del conocimiento de este procedimiento a favor de la Fiscalía Europea, a la que se remitirán las actuaciones». Contra esa resolución cabe recurso de reforma ante el propio juzgado.12 millones.

En la investigación y en la querella admitida a trámite, la Fiscalía señaló que la fundación investigada cobró del Gobierno de Canarias 12.505.878 euros por los servicios prestados en los años 2020, 2021 y 2022. Esos pagos fueron por la atención a los menores migrantes no acompañados en tres centros de Gran Canaria (Guiniguada, Demena Puerto Rico y Acorán) y uno en Lanzarote (La Santa).

Según la Fiscalía, «el análisis de las cuentas bancarias y la ausencia de justificación-liquidación del gasto dibujan un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito personal económico a costa del dinero público subvencionado. Existe una profusión de operaciones bancarias de extracciones en efectivo, así como el desvío de flujos monetarios a cuentas personales o de familiares de los directores de los centros, y el desarrollo de compras de productos o servicios para uso y disfrute personal que son financiadas con fondos públicos».

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