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Uno de los recursos para menores en Vegueta. Juan Carlos Alonso
Caso Menas

La Fundación Siglo XXI alega que el fiscal solo ve 41.760 euros sin justificar

Tribunales ·

La entidad investigada por malversación, entre otros delitos, dice que colaboró, aunque los directores no declararon

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 5 de junio 2023, 23:59

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La Fundación Repuesta Social Siglo XXI, investigada por –presuntamente– utilizar «en beneficio propio» fondos públicos destinados al cuidado de menores no acompañados y la gestión de los recursos en Gran Canaria y Lanzarote, ha alegado que el fiscal solo aprecia 41.760 euros «sin soporte documental que los justifique».

Todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción interpusiera una querella contra la ONG y cuatro directores de los centros de menores Portobello –en Puerto Rico–, Guiniguada y Acorán –en la capital grancanaria– y Yaiza y La Santa –en Lanzarote– por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos, en un caso Menas desvelado en exclusiva por CANARIAS7.

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La entidad afirmó en un comunicado que «desde su constitución el 3 de diciembre del 2004, ha dado cumplimiento a las Leyes y Reglamentos que regulan su ámbito de actuación» y, a pesar de que la Fiscalía denunció que no están al corriente en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal, iniciaron los trámites y están a la espera del visto bueno de la Administración.

También, el comunicado destaca que Fundación Respuesta Social Siglo XXI «ha sido parte activa y colaboradora/cooperante» en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía desde que ésta incoó diligencias el 24 de enero de 2022. «No sólo ha respondido a los requerimientos y oficios remitidos», advierte, sino que el 13 de enero de 2023 aportaron «justificación y soporte documental de todos y cada uno de los gastos que han sido satisfechos con las transferencias que eran realizadas por la Fundación a los directores de los centros de menores».

En concreto, remitieron «24.709 páginas con la digitalización de facturas/comprobantes de caja», para que el Ministerio Público pudiera cotejarlas.

Reconocieron que los cuatro directores investigados se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron citados por el fiscal Javier Ródenas, pero lo hicieron, argumentan, «hasta que no fuera examinada la documentación aportada y que justificaba los fondos recibidos».

Fondos necesarios

Como informó este periódico, el fiscal Anticorrupción cuantificó en 12.505.878 euros el dinero transferido solo en Gran Canaria desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno canario a la fundación responsable de los menas.

En este sentido, la entidad detalló que el «objeto de investigación» de la Fiscalía fueron «los fondos de los que disponían los directores» que eran, añade, «exclusivamente los necesarios para hacer frente a los gastos de caja de los cinco centros de menores investigados, durante los años 2019 a 2022». Concluye esta parte que «no consta soporte documental que justifique» que la cantidad de 41.760 euros fuese destinada «al servicio».

El comunicado reza que la fundación cuenta con «más de 380 trabajadores, de los que forman parte de su plantilla en Canarias 134» y que llevan «un sistema de gestión y control interno claro y sistemático sometido a auditoría» dentro de «marco jurídico instaurado tanto por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, como por el Cabildo de Lanzarote».

Por último, expusieron que no estaban «acreditados los hechos objeto de la querella», exigiendo «respeto» al «procedimiento judicial en curso» y al «principio de presunción de inocencia de las personas afectadas en el marco de estas actuaciones».

Desvíos de dinero

Según la querella, la fundación llevó a cabo un «desvío» de grandes cantidades de dinero público sujeto a fiscalización para «fines particulares». Es decir, que usaron presuntamente el presupuesto público destinado al cuidado de los menas para realizar «gastos particulares» que atribuían «falsamente a gastos de la inversión en el centro que dirigían con la finalidad de enmascarar el disfrute personal de los fondos públicos».

Además, Anticorrupción puso el foco en lo que calificó de ausencia total y absoluta de supervisión y cumplimiento de la ejecución del contrato de la asociación por parte de la consejería. En la querella, determina que «existen indicios de una falta de seguimiento y control en los contratos tramitados de emergencia».

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