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Conrado Domínguez junto a Blas Trujillo. C7
La Policía concluye que Domínguez era un comisionista
Caso Mascarillas

La Policía concluye que Domínguez era un comisionista

La Unidad de Delincuencia Económica traslada a la Fiscalía Europea un informe de las conversaciones entre los implicados en el caso Mascarillas

Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 4 de mayo 2024

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En torno al contrato entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y la empresa RR7 United, que da pie al llamado caso Mascarillas, hubo según concluye la Policía Nacional, cinco comisionistas: Conrado Domínguez, que fuera director del SCS y que 'fabricó' el contrato, y los intermediarios Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín y Oswaldo Lastras. Así queda recogido en un informe, fechado en marzo de este año, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial que fue enviado a la Fiscalía Europea.

Las dos fiscales que llevan el caso Mascarillas ya tienen en su poder los más de doscientos folios del informe, a cuyo contenido ha accedido este periódico. En el mismo se resumen y se cruzan las conversaciones telefónicas, audios, fotos y vídeos intercambiadas por Rayco González, dueño de RR7 United;el propio Conrado Domínguez; Ana María Pérez, que era directora de Recursos Económicos del SCS; Lucas Cruz, Samuel Machín y Oswaldo Lastras. También se analizaron las conversaciones con Ihsan Mahmoud Mohamed, otro intermediario del negocio que también está en calidad de investigado, además de Kevin Sánchez y Belén de los Ángeles Arencibia, dos personas del entorno de Rayco González.

La investigación de la Fiscalía Europea se centra en la posible comisión de delitos de malversación y prevaricación por parte de Conrado Domínguez y Ana María Pérez. A eso se añade que la Fiscalía Anticorrupción, en la querella que dio inicio al caso, apreció también indicios de tráfico de influencias en aquellas y estafa agravada y blanqueo de capitales en el caso del dueño de RR7 y, con posterioridad, también de varios de sus familiares.

En ese voluminoso informe policial se puede leer, en el apartado dedicado a las conversaciones entre el dueño de RR7 y Lucas Cruz, el siguiente pasaje: «Hasta el momento y por las conversaciones mantenidas y analizadas entre los distintos chats que mantiene el investigado y resto de encartados, se hace alusión a que las personas que interceden en la operación comercial entre RR7 United SL y el SCS obtendrían un 'beneficio' o 'comisión', siendo los llamados Ihsan Al Sabbagh, Lucas Cruz, Samuel Machín, Oswaldo Lastras y Conrado Domínguez».

Un documento del reparto

Agrega la UDEF que tiene sospechas de que existe un «documento 'sobre reparto de comisiones'» y subraya que «sería de gran interés policial para determinar la participación de los investigados, así como determinar la posible existencia de otras personas que pudiesen obtener algún tipo de comisión / beneficio por la venta de mascarillas, el cual habría sido remitido por correo electrónico».

La Policía Nacional apunta que ese contrato de reparto de comisiones habría sido elaborado por Pablo C., que haría las veces de asesor financiero de la mercantil RR7.

Asimismo, el informe policial señala que «queda evidenciado en palabras de Samuel Machín y confirmadas posteriormente mediante el mensaje de texto de Rayco González, que tienen pleno conocimiento de que Conrado Domínguez y Oswaldo Lastras, han de recibir parte de la 'comisión/beneficio' por realizar la intermediación entre la mercantil RR7 United SL y el Gobierno de Canarias».

La investigación ha acreditado hasta la fecha que RR7 entra en contacto con Conrado Domínguez a través de Samuel Machín. Este es amigo de Rayco González y Machín lo es a su vez de Oswaldo Lastras, que mantiene una estrecha amistad con Conrado Domínguez. Esa conexión entre Lastras y Machín permite que una empresa como RR7 United, dedicada a la compraventa de coches y sin experiencia en el campo sanitario, acabe firmando con el SCS un contrato por importe de 4 millones de euros para la entrega de un millón de mascarillas del modelo 1860 de la multinacional 3M, material que nunca llegó. El dinero no fue devuelto y la deuda con la Comunidad Autónoma, sumados los intereses, ronda ya los 5 millones de euros.

En cuanto a la comisión a repartir, la UDEF la cifra en al menos 100.000 euros. Es la conclusión a la que llegan tras cruzar los cientos de mensajes y conversaciones escrutadas y comprobar que inicialmente el contrato se iba a firmar por 3,9 millones de euros pero se añaden 100.000 euros tras conversaciones entre Samuel Machín y Oswaldo Lastras, con este último actuando siempre como contacto directo con Conrado Domínguez.

En sus conclusiones, la Policía Nacional agrega que Conrado Domínguez «tenía conocimiento de la nula experiencia en el sector por parte de RR7 United SL, en cuanto que ni siquiera figuraba dado de alta a terceros en el Gobierno de Canarias, lo cual se desprende de las conversaciones mantenidas a través de la aplicación whatsapp, insistiendo el propio Conrado en que Rayco diese de alta a terceros a la mercantil RR7 United SL».

Asimismo, los investigadores consideran relevante que Conrado Domínguez, «entonces miembro del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de Canarias, realizó las oportunas gestiones para la adquisición de mascarillas directamente con el administrador de RR7 United SL, llegando incluso a proponer a Rayco que confeccionase la propia carta que el Servicio Canario de Salud enviaría a la mercantil administrada por Rayco para que éste presentase la correspondiente oferta de adquisición de mascarillas».

En ese punto, la UDEF agrega: «Finalmente y según se desprende de la conversación, habría sido Conrado quien elabora el documento, si bien lo firma la directora general de Recursos Económicos».

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