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El exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez. Juan Carlos Alonso
Conrado Domínguez se ve las caras por vez primera con la Fiscalía Europea. ¿Declarará?

Conrado Domínguez se ve las caras por vez primera con la Fiscalía Europea. ¿Declarará?

El exdirector del SCSestá citado este lunes en Madrid para dar explicaciones sobre los 4 millones de RR7

Francisco José Fajardo y Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 4 de mayo 2024

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El exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, comparecerá este lunes por primera vez ante la Fiscalía Europea para dar explicaciones por el caso Mascarillas, la causa que investiga la adjudicación presuntamente delictiva que realizó este organismo del Gobierno de Canarias a la empresa automovilística RR7 United de un contrato de cuatro millones de euros por un millón de cubrebocas 3M en plena pandemia, material que nunca llegó a los hospitales de las islas.

El alto cargo del Ejecutivo autonómico está citado en calidad de investigado el lunes a las 10.00 horas y, a pesar de que su letrado José Antonio Choclán intentó suspender la comparecencia, las fiscales no accedieron a tal petición y tendrá que desplazarse a Madrid para responder a las pregunta que le formulen como ya hizo en su momento. Y fue en dos ocasiones: primero ante el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas en la fase de diligencias preprocesales que derivaron en la interposición de una querella y, luego, ante el que era magistrado instructor de la causa, Francisco Javier García García-Sotoca antes de que el procedimiento viajase hasta Madrid al tratarse de una adjudicación que supuestamente hacía uso de fondos europeos.

Domínguez está siendo investigado por las fiscales Oihana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo Pérez por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, todos ellos atribuidos tanto a la época en la que ejercía como miembro del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria como cuando fue elegido –por segunda vez en su carrera– para el cargo de director del Servicio Canario de Salud.

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Esta comparecencia de Domínguez en Madrid puede marcar un punto de inflexión en el caso Mascarillas, puesto que es ahora cuando se han conocido –al levantarse el secreto de sumario– los contactos que mantuvo el gestor con Rayco González cuando apalabraron el acuerdo millonario, un vínculo que negó en rotundo en sus anteriores comparecencias. También, las negociaciones que llevó a cabo con intermediarios como Oswaldo Lastras y Samuel Machín, las órdenes que dio a la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, y cómo se gestó –por ejemplo– esa segunda oportunidad que dio a RR7 para traer otras mascarillas tras el fiasco de las 3M en un contrato que ya estaba extinguido.

De esta forma, Domínguez y su letrado José Antonio Choclán ya tienen en su poder el contenido de todas las diligencias de investigación que tanto el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria como la Fiscalía Europea han llevado a cabo en estrecho contacto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial. Esto quiere decir que ya no caben rodeos en su testifical, todo ello si no es que se acoge a su derecho a no prestar declaración, una facultad que le asiste en su condición de investigado.

Voluntad de colaborar

En caso de que optara por esa opción, sería una estrategia inédita puesto que siempre ha declarado cuando ha sido citado y, además, públicamente Conrado Domínguez ha manifestado en diversas comparecencias públicas que su deseo es el de dar todas las explicaciones necesarias para defenderse de todas estas graves acusaciones. No en vano, las fiscales ya advirtieron en uno de sus decretos que los delitos a los que se enfrentaría –dado que el perjuicio causado es considerablemente superior a 250.000 euros–, conllevan una pena que oscilaría entre los seis años y un día a los 12 de prisión.

De ser considerado un gestor resolutivo a incurrir en múltiples contradicciones

Conrado Domínguez llegó al Comité de Gestión propuesto por el PSOE y con el visto bueno de Nueva Canarias. Se erigió como un gestor resolutivo, que siempre atendía las llamadas las 24 horas del día.

Cuando el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas comenzó a investigarlo tras la denuncia interpuesta por el empresario Juan Manuel Pérez León, fue llamado a capítulo en Presidencia del Gobierno, con más de un consejero presente en la reunión. Le pidieron explicaciones, porque había miembros del Gobierno que no conocían el fiasco, todo ello a pesar de que ya estaba en marcha el procedimiento de apremio a RR7 vía Agencia Tributaria Canaria. Siempre negó conocer al dueño de RR7 y, una vez querellado, Torres lo mantuvo en el cargo. De hecho, fue él quien confeccionó las alegaciones al preinforme de la Audiencia de Cuentas que advertía de presuntas irregularidades contables en aquel contrato y que una decena más podían ser nulos de pleno derecho.

Las conversaciones con el dueño de RR7 difundidas por este periódico lo dejaron sin argumentos y en noviembre de 2022 dimitió.

Ahora, las fiscales europeas lo citan para que deponga y aclare numerosos aspectos de este caso Mascarillas. Entre ellos, que dé explicaciones acerca de una serie de «contradicciones» que detectaron las instructoras en las declaraciones que prestó Domínguez y Ana María Pérez. La segunda dijo que «actuaba de forma subordinada al primero y en cumplimiento de sus órdenes», mientras que Domínguez limitó «considerablemente su propia actuación», sostuvo la Fiscalía Europea en el decreto dictado para pedir una entrada y registro en las dependencias del SCS.

En el mismo, las fiscales añadieron la «imprecisión» que detectaron en cuanto a la «actuación real del Comité de Gestión», las «divergencias en cuanto a la necesidad del pago anticipado del 100% del precio de las mascarillas» y lo que consideran una «absoluta opacidad» relativa a la «finalidad y destino del material» adquirido.

Además, «las afirmaciones realizadas por los investigados» en el procedimiento judicial «divergen de las realizadas por los testigos» que comparecieron en este caso. Es decir, las funcionarias del SCS que hicieron «cuestionar la existencia de desabastecimiento, la necesidad de la contratación con RR7 y la utilización del procedimiento de emergencia».

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