La plantilla del 112 es un ejemplo de las empresas afectadas por el recorte. / Arcadio Suárez

La plantilla de las empresas públicas no ha recuperado el 5% del salario tras 12 años

Alrededor de la mitad de los empleados afectados por la medida no han sido compensados pese a que el TC lo declaró nulo

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La Plataforma del Sector Público Empresarial de Canarias (SPEC) reclama al Ejecutivo devolver el nivel salarial a la totalidad de los trabajadores afectados por el recorte del 5% que sufrieron en 2010 para cumplir con el déficit y que el Tribunal Constitucional declaró nulo cuatro años después.

Actualmente, de las 24 entidades que representa la plataforma, nueve cuentan con procesos judiciales abiertos y están en vías de negociación, mientras que al menos otras ocho ni siquiera prevén llegar a acuerdos.

«Tras el fallo, los funcionarios y el personal laboral sí recuperaron esa cuantía, y alguna empresa a golpe de denuncia, pero no se entiende que haya diferencias», señala Lorenzo Galindo, portavoz de SPEC. «No reclamamos una subida de sueldo, sino recuperar lo que se nos quitó».

Portavoz de SPEC

«Cuando había que recortar sí hubo unanimidad, pero para devolverlo no»

Lorenzo galindo

La medida, que se sumaba a una subida del IGIC, suponía ahorrar 800 millones de euros al presupuesto autonómico. Tras el fallo del TC, se esperaba d evolver entre 105 y 132 millones a alrededor de 2.000 trabajadores públicos, pero no fue hasta la Ley de Presupuestos de 2019 cuando se incluyó una disposición adicional que instaba a iniciar las negociaciones con las empresas.

«Ninguna de las gerencias lo acató porque decían que se incumplía la regla del gasto», afirma el portavoz, que señala como consecuencia a la plantilla del 112, que presentó in extremis un conflicto colectivo, o a la de Grecasa, que inició una huelga.

Doce años más tarde, Galindo calcula que entre 700 y 1.000 empleados continúan igual. La plataforma critica, además, que la prolongación del conflicto se traduce en un incremento del gasto para las arcas autonómicas. «No tienen problema en judicializar todo porque no les repercute directamente en el bolsillo, pero sí es dinero público que nos podríamos ahorrar», añade.

En cifras

  • A devolver. La nulidad del recorte supone para las arcas públicas un desembolso de entre de 100 y 132 millones, según han calculado los sindicatos.

  • Afectados. Nueve empresas representadas por la plataforma tienen procesos judiciales abiertos y al menos otras ocho no prevé llegar a acuerdos.

  • SPEC. La plataforma se creó en 2018 y aglutina a 24 entidades entre empresas, fundaciones y entidades con más de 3.000 empleados públicos.

Un problema de base

Más allá del recorte del 5%, el sector presenta problemas de carácter estructural por la falta de homogeneidad en las condiciones laborales. «Hay un problema de tutela de las empresas», recalca el secretario de la plataforma, Antonio Ortegón, que indica que cada empresa depende de una determinada consejería y se acoge a un convenio propio, pactos o convenios de despacho y aduana. Sin embargo, siendo el mismo «empleador» el Gobierno, entienden que debería haber unas mismas condiciones.

De ahí que otro punto principal del diálogo con el Ejecutivo sea el de crear una Mesa de Trabajo del sector que equipare salarios, jornada laboral, situaciones de ILT y ayudas sociales.

A juicio de la plataforma, esto no solo permitiría un mayor control, sino que supondría una mejor gestión del dinero público. «Por qué tenemos que acudir a inspecciones de trabajo y a demandas si podemos coordinarlo desde la base?», insiste Galindo. «Pasa lo mismo con el recorte: fue un mandato del Gobierno de Canarias, no de las empresas, y ahí sí hubo unanimidad, pero ahora que hay que devolverlo no».

A pesar de todo, la plataforma SPEC reconoce la predisposición demostrada por parte del viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, con quien han retomado las conversaciones esta semana tras una última reunión que se celebró en el año 2020. Sin embargo, esas «buenas intenciones» que ya no les basta y requieren que se traduzcan en hechos para demostrar que verdaderamente existe voluntad política para resolver el conflicto, aseguran los representantes.