Paso atrás en transparencia en 2018

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28/01/2019

Ejerciendo el derecho de cualquier ciudadano, Mikel Prat sigue su cruzada para exigir información sobre la gestión de las instituciones públicas. El balance del pasado año no puede ser más demoledor: de 122 peticiones realizadas, 107 obtuvieron silencio administrativo y solo 5 generaron información

La rendición de cuentas debe suponer una exigencia más en la tarea de los políticos con la ciudadanía. Sin embargo, 2018 fue de nuevo un año negro en transparencia en la mayoría de las administraciones canarias. Así lo demuestra el balance anual de Transparenciaencanarias.com, cuyo responsable, Mikel Prat, ha comprobado «la poca voluntad para responder a la ciudadanía» a pesar de la figura del Comisionado de la transparencia.

«El resumen de 2018 no puede ser más frustrante. En más del 90% de los casos se ha tenido que reclamar al Comisionado de transparencia», asevera Prat, confirmando la falta de claridad en la gestión de lo público. «Entiendo que hay un paso atrás evidente en la respuesta que dan las administraciones a la transparencia. La parte positiva, que es con la que me quiero quedar, es que cada vez hay más gente que pregunta por la gestión de las administraciones públicas», asevera.

Los números son esclarecedores y ninguna institución canaria es ejemplo de transparencia. Tanto el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos, salvo honrosas excepciones, incumplen constantemente con su obligación de transparencia. De 122 peticiones que realizó Prat en 2018, 107 obtuvieron silencio administrativo, 10 peticiones se respondieron en tiempo y 5, solo 4% del total, generaron la información solicitada sin tener que reclamar al Comisionado de transparencia. «Estoy convencido de que es cuestión de voluntad, es evidente. Quitarse la ropa asusta, sobre todo a cierta edad. Y a solo cinco meses para las elecciones mucho más», afirma el responsable de Transparenciaencanarias.com.

El silencio por respuesta

A pesar de la postura oscurantista de la mayoría de las instituciones, el interés de la ciudadanía ha crecido en el último año y cada vez son más los ciudadanos que solicitan información sobre la gestión pública. «Solo hay que hacer referencia a la ley y transmitir lo que se quiere preguntar a través de la página de transparencia. Luego ya se encargarán de responder si van a atender la pregunta o no; si hay una admisión o si se tiene que reclamar al Comisionado. Pero la parte positiva después de la involución en transparencia en 2018 es que hay más gente que quiere saber, que quiere preguntar dónde se invierte su dinero, qué se hace con la responsabilidad y representación que se ha depositado en los políticos. Pero, por el otro lado de la soga, por mucho que se diga que se está avanzando, lo negativo es que no se ha mejorado en transparencia», asevera Prat, que rebate los argumentos de las instituciones que presumen de transparencia.

«Salen constantemente noticias de que el ayuntamiento o el cabildo de tal sitio mejora su transparencia, pero la realidad, salvo excepciones, es bien distinta. La forma de decir las cosas es importante y creo que falta mayor transparencia pasiva. Es decir, que el ciudadano pregunte directamente y obtenga respuesta, y eso sigue fallando», afirma Prat, que ante las reticencias de la administración alienta a la ciudadanía a exigir transparencia.

«Me hace gracia la gente que afirma que no hace política, que no quiere saber nada de política; porque en realidad todos hacemos política a diario. Desde que nos despertamos, cuando emitimos un juicio de valor, ponemos un tweet o enviamos un mensaje a un amigo. No hace falta estar detrás de un partido político para hacer política. No pertenecer a un partido es lo más independiente que se puede ser porque eres consecuente con las cosas que dices sin contar con el condicionante o respaldo de nadie. Por eso animo a la gente a que pregunte, espero que el 2019 sea más transparente».

El oscurantismo de las entradas del Mundobasket

La recaudación por las entradas del mundial de baloncesto de 2014 es un ejemplo banal y de fácil solución que ejemplifica la poca voluntad política en cuanto a la transparencia institucional. «Es muy curioso porque no hay nada complicado en decir cuánto se ingresó con las entradas, ya que hay un convenio firmado por todas las partes. El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo aportaron sobre 1 millón de euros cada uno y había una contrapartida del 50% de las entradas. ¿Cuánto se ingresó? Está bien que se anuncie el acuerdo, pero lo importante es informar a la ciudadanía sobre el retorno. Decir al final lo que se ha hecho y lo que ha pasado. Eso no se ha dado en este caso y he tenido que reclamarlo al comisionado, al que también le están dando largas. A día de hoy no tengo esa información a pesar de que comencé la batalla en febrero de 2017», dice Prat.

Las cifras de 2018

107 de las solicitudes obtuvieron un silencio administrativo de las instituciones y tuvieron que ser reclamadas al Comisionado de Transparencia.

10 peticiones de 122 se resolvieron en tiempo y 5, solo el 4% del total, generaron la información solicitada.

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