Preparativos para combatir el fraude

21/04/2019

La Audiencia de Cuentas crea una plaza para designar al responsable que se encargará de prevenir la corrupción, como le encomendó el Parlamento cuando amplió sus competencias. Hará un plan de riesgos inspirado en el informe de la OLAF

En julio de 2017, el Parlamento aprobó por mayoría modificar la Ley de la Audiencia de Cuentas y encomendarle «informar y recomendar buenas prácticas administrativas, contables y financieras como medio de prevención de la corrupción en el ámbito del sector público de la comunidad autónoma».

Desde entonces, solamente se ha creado una plaza que tiene una consignación presupuestaria de unos 70.000 euros, según informa el presidente de la audiencia, Pedro Pacheco.

La demora en la puesta en marcha de la nueva función deriva en parte por haber coincidido con el proceso de renovación de los consejeros auditores que se alargó debido a la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. Los nuevos responsables no tomaron posesión de sus cargos hasta mediados de 2018.

Ese año, el Pleno de la Audiencia de Cuentas no solo decidió crear una plaza -aún sin persona responsable designada-, sino también «cómo viabilizar la tarea establecida en la ley».

Para ello, se analizaron los modelos similares que existen en otras comunidades autónomas. En algunas, las funciones están más ligadas al ámbito de la prevención y en otras, al de la investigación pero restringida siempre al sector público, explica Pacheco.

En cualquier caso, quien al final asuma el encargo para prevenir la corrupción va a tener que realizar una evaluación de los procedimientos públicos con el fin de detectar los puntos más débiles desde el punto de vista de la práctica pública.

Ello servirá para después elaborar un plan de riesgos que, probablemente, se inspirará en el último documento que ha elaborado la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). En él, se confirma que las áreas de urbanismo y contratación son las que mayor fiscalización requieren en líneas generales, apunta el presidente de la Audiencia de Cuentas.

Además, una de las tareas que, a partir de este año, tendrán carácter permanente será la de evaluar el grado de cumplimiento que tienen las recomendaciones que hace la Audiencia de Cuentas en algunos de sus informes a las Administraciones que audita por ley.

Pedro Pacheco explica que este tipo de análisis se efectuarán cada dos años convencido de que, de esta forma, «redunda en la lucha contra el fraude».

No obstante, recuerda las limitaciones que tiene la Audiencia de Cuentas en este ámbito. «El problema es la herramienta, dado que la audiencia siempre tiene que actuar con posterioridad a que se haya cometido una mala práctica», admite. De ahí que la labor de prevención se relativice de manera notable.

A eso se añade que el órgano fiscalizador carece de capacidad sancionadora; «al final, si se detecta mala praxis o indicios de corrupción, es el Parlamento el que tiene que decidir qué hacer con ello y, en nuestro caso, enviarlo al Tribunal de Cuentas», apunta Pacheco.

Pese a todo ello, al presidente de la audiencia le parece «correcto» el modelo que aprobó el Parlamento en 2017. El grupo Podemos formuló una alternativa más ambiciosa -proponer códigos de conducta, declaraciones voluntarias autorregulatorias y cualquier otro procedimiento de gestión de riesgos internos que garantice un comportamiento ético entre los gestores públicos- que la mayoría de Coalición Canaria, Partido Socialista Canario, Partido Popular, Nueva Canarias y grupo Mixto rechazaron.