Negrín echa en cara al Parlamento que no lo apoye
Santiago Negrín se presenta ante el Parlamento de Canarias como una víctima. El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria envió el miércoles una carta a Carolina Darias a modo de guion de su intervención este viernes ante la comisión de control. Vea aquí la carta íntegra de Santiago Negrín.
En su misiva, de tres folios y firmada como presidente del Consejo Rector de RTVC, si bien se centra en hechos en los que ha actuado siempre en calidad de administrador único de la sociedad Televisión Pública de Canarias, Santiago Negrín da su versión de la situación en que se encuentra el canal televisivo, en serio riesgo de que el 1 de julio no esté claro quién suministra contenidos para los informativos, con lo que podrían ir a negro no solo los servicios de noticias, sino toda la cadena, pues tampoco está garantizada la continuidad, como él mismo reconoce.
Negrín dice en su carta que la escribe “desde la más profunda preocupación sobre la situación en que se encuentra la Televisión Pública de Canarias”. Seguidamente, lo que hace es reprochar al Parlamento la falta de apoyo. Así, llega a decir: “Quiero dejar constancia igualmente del escaso interés que han mostrado sus señorías por la denuncia presentada por mí ante la Fiscalía, en contraste con la celeridad con que se me insta a comparecer por la información publicada en cualquier medio”.
En este punto, conviene tener presente que Negrín comparece este viernes en la comisión de control parlamentaria a instancias de todos los grupos para informar sobre el estado en que se encuentra el concurso de informativos de Televisión Canaria.
En relación con dicho procedimiento, el juez de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Úbeda, emitió el pasado día 9 un auto en el que estimaba la petición de Videoreport Canarias (empresa participada por la editora de CANARIAS7 y actual prestataria del servicio de informativos) y suspendía el concurso convocado por Negrín en calidad de administrador único de la empresa Televisión Pública de Canarias. En el auto, el juez deja claro que Negrín se saltó la ley que regula el funcionamiento de RTVC, pues asumió funciones que son competencia del Consejo Rector. Asimismo, el magistrado subraya que la solución la tiene Negrín: que el Consejo Rector convoque con urgencia, y de acuerdo con la citada ley, el citado concurso. Lo que hizo Negrín fue justo lo contrario: dio por desierta la licitación y optó por un procedimiento negociado sin publicidad, un concurso que mantiene en trámite pese a dicho auto y en el que nuevamente ejerce como órgano de contratación, saltándose al Consejo Rector. Sobre todo esto no hay mención alguna en el escrito de Negrín al Parlamento.
En paralelo, el juez Jorge Riestra, en calidad de sustituto en el citado juzgado número 1 de Santa Cruz de Tenerife, emitió el día 5 un auto y este miércoles una providencia en la que acuerda tramitar por la vía ordinaria la petición de Videoreport Canarias de suspensión cautelar del negociado sin publicidad. Riestra concedió así un plazo de diez días para alegaciones de Televisión Pública de Canarias, plazo que vence la próxima semana. Ese auto y es providencia han sido presentados por algunos medios como una prueba de que Negrín está avalado para seguir adelante con el procedimiento, cuando lo cierto es que el juez sustituto no entra en el fondo de la cuestión.
Siguiendo de nuevo al margen de aquel auto judicial del día 9 en el que el magistrado Francisco Úbeda tildó de “esperpéntica” la actuación de Negrín, éste reprocha al Parlamento en su carta que no haya podido contar “con pronunciamiento jurídico expreso ni del Parlamento ni con el apoyo para el desarrollo de un concurso por parte de las fuerzas políticas que cuentan con representación en el Consejo Rector y otros grupos de la Cámara. Y como sabe, TVPC SA carece de servicios jurídicos en plantilla”, agregando que estos “son asumidos legalmente por una asesoría externo”. En este punto, Negrín obvia que ya hubo un pronunciamiento de los juristas del Parlamento dejando claro que no corresponde a la Cámara la fiscalización de los contratos del ente o de sus sociedades, sino que, en todo caso, sería competencia del Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma, como sucede en otras autonomías. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Superior de Justicia, que instó a dicho tribunal, presidido por Pedro Gómez y dependiente de la Consejería de Hacienda, a entrar en el fondo del asunto. E igualmente así lo aseveró el magistrado Francisco Úbeda en su auto del día 9. Cuatro meses después de aquel fallo del TSJC, el tribunal de Pedro Gómez no se ha pronunciado al respecto.
En su carta, Santiago Negrín carga también contra la situación del propio Consejo Rector, del que dice que actúa “mermado tras la renuncia de dos de sus consejeras y en abril de 2018 sigue sin haber relevo”. Lo que se salta Negrín es que esas dos consejeras dimitieron a los seis meses de tomar posesión precisamente por sentirse ninguneadas por el presidente del Consejo, al que acusaban de actuar al margen del máximo órgano de decisión del ente.
Finalmente, Negrín termina aludiendo a la incertidumbre de los trabajadores de la contrata de los servicios informativos y de las subcontratas de delegaciones insulares, concluyendo que “nadie se ha pronunciado con una alternativa viable”.
La carta fue remitida por el secretario general del Parlamento, Salvador Iglesias, a los portavoces parlamentarios con la recomendación de que la leyeran antes de la sesión este viernes de la comisión en la que comparece Negrín.
