La Cámara frena el veto a la renta básica

12/02/2019

Podemos y Nueva Canarias logran que la Mesa se replantee ceder a la negativa del Gobierno para que el pleno debata sus respectivas proposiciones de ley. El Ejecutivo envía un informe complementario que genera dudas al Parlamento

La Mesa del Parlamento tuvo ayer que reconsiderar la capacidad de veto que se le reconoce al Gobierno cuando una iniciativa legislativa pudiera afectar a los Presupuestos en vigor.

La decisión se produce después de que los grupos Podemos y Nueva Canarias (NC) pidieran al órgano rector reconsiderar el rechazo a debatir la toma en consideración de sus respectivas proposiciones de ley mediante las que se plantea crear una renta de ciudadanía. El Gobierno que preside Fernando Clavijo se había pronunciado en contra de que se tramitaran ambas iniciativas por afectar a los créditos.

En el escrito que vio ayer la Mesa, los grupos parlamentarios aluden a «numerosas sentencias del Tribunal Constitucional que han fallado en contra de la decisión de la Mesa del Congreso así como de la Mesa de otros parlamentos autonómicos por impedir el debate de iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios amparadas en el veto del Gobierno, aduciendo motivaciones presupuestarias».

Podemos cita concretamente una sentencia 94/2018, de 17 de septiembre de 2018, relativa a la proposición de ley que presentó el grupo en el Congreso para el cierre de las centrales nucleares instaladas en España.

El grupo que dirige Noemí Santana destaca de dicha resolución judicial que la Mesa dispone de un «margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria» o lo que es lo mismo, del reglamento en el que se regula el papel que juega el Ejecutivo en la tramitación de las iniciativas.

Además, «debe verificar la motivación aportada por el Gobierno». El Constitucional se hizo eco de un informe de la Secretaría General del Congreso de los Diputados y de la resolución de 29 de julio de 2011, que dispone que la oficina presupuestaria puede ser requerida por el Congreso para evaluar el impacto de una iniciativa parlamentaria sobre la que el Gobierno haya mostrado su disconformidad».

Estos argumentos llevaron a que la presidenta, Carolina Darias, encargara un informe a los Servicios Jurídicos del Parlamento para que se pronunciaran al respecto.

Al mismo tiempo, la Mesa recibió un informe «complementario» del Ejecutivo, reafirmándose en el rechazo a la tramitación. Aún así, Darias dijo que «genera dudas; no nos queda claro si mantiene el veto», indicó.