El PP pretende otra amnistía para plazas turísticas ilegales

10/12/2018

Los conservadores plantean una regularización sin límite temporal de alojamientos de «cualquier tipología» con licencia municipal anterior al año 2001, así como convertir vivienda residencial que pueda ser explotada como villa turística. NC apuesta por un sistema de control e inspección

La Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias podría incluir una nueva amnistía a la planta turística ilegal si el Partido Popular (PP) consigue el apoyo suficiente a las enmiendas que plasman este planteamiento.

En concreto, los conservadores pretenden dos vías de regularización. La primera, más directa, es a través de un artículo de nueva creación que regula específicamente las plazas sin autorización. Según éste, «los alojamientos de cualquier tipología que no cuenten con autorización» pero que tengan licencia municipal de obras concedida antes del año 2001 «podrán obtener autorización». Además, una vez que se haya solicitado el procedimiento para su regularización no será posible incoar expediente y se suspenderá el procedimiento sancionador que se le hubiera podido abrir.

La amnistía se hace extensible a las «edificaciones de alojamiento turístico existentes en suelos turísticos» con iguales condicionantes a los establecidos para las plazas turísticas.

La segunda consiste en que las «viviendas residenciales aisladas o pareadas que cumplan con los estándares de alojamiento y que se encuentren en zonas turísticas» podrán convertirse en villas turísticas.

La ley vigente contempla tal conversión a diferencia de que la vincula al planeamiento urbanístico o los planes de modernización y establece un porcentaje máximo de espacio dedicado a las villas.

En ninguno de los dos casos, se establece un plazo. El diputado del PP, Miguel Jorge Blanco, explica que «hemos renunciado porque en ninguno de los intentos anteriores -en los años 2015 y 2006 cita a modo de ejemplo- se ha podido cumplir. Así que es mejor dejarlo de forma permanente antes que volver a repetir un proceso que nunca se termina de llevar a cabo».

En cambio, Nueva Canarias (NC) plantea entre sus enmiendas la puesta en marcha de un «sistema de seguimiento control e inspección» en el plazo de «un año» desde que entre en vigor la modificación legislativa, así como «protocolos de coordinación interadministrativa para luchar contra la oferta ilegal».

Los nacionalistas que dirige Román Rodríguez consideran que «con 13 inspectores que existían hasta 2017 es imposible conocer el volumen y la tipología de la oferta existente así como erradicar la planta irregular e ilegal». En consecuencia, aboga por aumentar su número.

Otros grupos parlamentarios -Coalición Canaria, Partido Socialista Canario y Podemos- han ampliado el objeto de sus enmiendas a la regulación de la vivienda vacacional.

NC ha aprovechado también para volver a introducir un límite relativo al crecimiento turístico, el 1% de las plazas turísticas legales existentes en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

En cualquier caso, las correcciones presentadas tienen que ver con el proyecto de ley cuyo propósito inicial es suprimir el apartado que condiciona la autorización de camas turísticas con el número de estrellas, supresión que dictaminó el Tribunal Constitucional en 2015 a raíz, precisamente, de un recurso presentado por el expresidente del partido, José Manuel Soria.