El Parlamento echa el telón a un mandato que no paró ni la pandemia

Mañana empieza el último pleno de esta legislatura. La próxima semana se convocan las próximas elecciones y el Legislativo quedará en manos de una comisión permanente hasta después del 28-M.

Estos cuatro años, igual que en el resto de instituciones, lo urgente se ha abierto paso sobre lo importante en el Parlamento. En estas cicunstancias, la oposición ha mantenido una actitud de mano tendida para sacar adelante los principales asuntos presentados por el Gobierno para abordar estas grandes dificultades sobrevenidas.

El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, ha reiterado en este sentido que este ha sido el mandato del consenso. Lo cierto es que los grandes proyectos Ejecutivo han salido con amplio acuerdo, desde la ley del cambio climático, la renta de ciudadanía o la ley trans.

Además, atendiendo fundamentalmente a la especial situación generada por el covid y el volcán, el Gabinete de Torres ha llevado al Parlamento para su convalidación 55 decretos ley, una cifra que ha dado pie para que tanto la oposición como el Consejo Consultivo -a pesar de reconocer la necesidad y urgencia de los mismos- hayan entendido que se ha abusado de esta figura.

Acometer la recuperación de Canarias para combatir los efectos de la pandemia y el cero turístico llevaron al Gobierno a elaborar una guía para esta tarea: el Plan Reactiva, que contó igualmente con el apoyo mayoritario -el PP se abstuvo-, aunque la crítica de uno de sus firmantes, Coalición Canaria, ha sido cada vez más abierta.

Y por si algo le faltaba al Gobierno regional en esta legislatura, también han surgido dos escándalos políticos. El primero ha sido el caso Mascarillas -la estafa de cuatro millones a la comunidad autónoma por la compra de un millón de mascarillas que nunca llegaron a la sanidad canaria y que acabó con el cese del director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Los grupos del pacto impidieron que se constituyera una comisión de investigación.

La otra gran polémica de la legislatura tiene que ver con el caso Mediador, que ha requerido -además de explicaciones de la consejera de Agricultura en comisión-, un pleno extraordinario y monográfico sobre este asunto. El Ejecutivo se escuda en que no ha habido daño económico a la comunidad y el PSOE en que actuó con celeridad.

Tanto en el Consejo de Gobierno como en la Cámara, los socios del inédito pacto a cuatro bandas -PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG- han presumido de estabilidad, el segundo en las islas que acaba los cuatro años.

La oposición en cambio tuvo un principio de mandato menos tranquilo. El dirigente de CC, Fernando Clavijo, fue nombrado senador de la comunidad para asegurarse el aforamiento -las dos causas procesales que tenía pendientes han sido archivadas por el Supremo-.

En la bancada popular, Asier Antona fue 'enviado' a la Cámara Alta por su partido y se vio obligado a dejar la dirección del PP tras la bronca interna que impidió que el bloque de centro derecha se hiciera con el Gobierno.

En las filas del PSOE también bajaron las aguas revueltas cuando fue preciso nombrar sucesor del senador Pedro Ramos. Santiago Pérez y Blas Acosta se enzarzaron en una disputa que ganó el concejal lagunero.

A nivel interno, el reglamento del Parlamento ha experimentado en este mandato cambios importantes. El apoyo de ASG al Gobierno requirió una modificación para acceder, con tres actas, a grupo propio.

Además, las diferencias entre NC y la diputada que accedió al Parlamento tras la alianza con AMF, Sandra Hormiga, la llevaron a ser diputada no adscrita.

Más suerte tuvo Vidina Espino, que después de abandonar Cs para colaborar de CC, pudo mantenerse en el Grupo Mixto gracias a un resquicio del reglamento, avalada por el Consultivo.

También ha habido iniciativas pintorescas en la Cámara, entre ellas, la petición de Podemos y CC para que los cuadros fueran cubiertos durante los plenos porque «evocan lo peor de la conquista», argumentaron.