De izq. a dcha., los consejeros Sebastián Franquis y Yaiza Castilla; el presidente, Ángel Víctor Torres; y el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo. / EFE

La Cámara apoya las ayudas al IBI turístico y a los ERTE pero no tramitarlas como ley

La oposición respaldó las iniciativas del Gobierno pese a considerarlas insuficientes para atender al sector «más afectado por la crisis»

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

El Parlamento de Canarias convalidó ayer por unanimidad el decreto ley de ayudas directas para pagar el IBI en 2021 a los alojamientos turísticos y, aprovechando esta estructura, la modificación del decreto ley de bonificación a los trabajadores en ERTE para adaptarlo a las conclusiones contenidas en el informe del Consejo Consultivo. En cambio, los socios del pacto que apoya al Gobierno -PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG- rechazaron que esta iniciativa pudiera tramitarse como proyecto de ley, como pedía la oposición. Tal como explicó la diputada de NC, Esther González, esta fórmula «sería un contrasentido» ya que la propuesta del Gobierno pretende ofrecer las subvenciones en un plazo mínimo, mientras que la petición de la oposición significa que cuando esta norma saliera de la Cámara, los incentivos ya estarían concedidos y abonados.

A pesar de que los 65 parlamentarios que ayer participaron en el pleno de una hora -de forma presencial o telematica- respaldaron de manera unánime la convalidación del decreto ley, los grupos de CC, Popular y Mixto criticaron la tardanza en adoptar la primera medida para ayudar al sector más afectado por la crisis derivada de la pandemia, la forma de distribuir estas subvenciones y que solo se refiera a los establecimientos alojativos y deje fuera a muchos otros negocios que dependen del turismo.

Y es que, tal como recoge el decreto ley, la Consejería de Turismo dispone de una transferencia de crédito de 63 millones realizada por Hacienda para gestionar por concurrencia no competitiva y por orden de entrada las ayudas al IBI del sector alojativo turístico de Canarias. Esta fórmula, dijo la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, permite una tramitación ágil de un numero elevado de solicitudes en tiempo récord, hasta agotar existencias.

En este sentido, la diputada de Coalición Canaria, Rosa Dávila, recriminó al Gobierno de Ángel Víctor Torres que «año y medio después del cero turístico y siete meses después de anunciarlo, llegan las primeras y únicas ayudas al sector más golpeado por la pandemia», una iniciativa que calificó de «sálvese quien pueda porque el primero que llega se lleva la pasta». Hizo hincapié también la parlamentaria nacionalista en que se han restado 15 millones del presupuesto anunciado inicialmente y al final serán 63 millones los que se distribuyan. «A fecha de hoy», dijo Dávila a Castillo, «debería saber cuál es el IBI devengado y poner esa cifra para atender a toda esa realidad». Sin embargo, afirmó, este Gobierno es «un lastre» para la recuperación económica.

En similares términos se expresó el diputado popular Carlos Ester, quien señaló que «vamos a salir de ésta, pero no gracias a las ayudas del Gobierno de Canarias» porque, manifestó, «no está en el ADN de un Ejecutivo de izquierdas ayudar a la empresa». Apuntó que las subvenciones llegan «tarde y mal» ya que muchos negocios no han podido continuar con su actividad y cifró en 271 las empresas turísticas que han cerrado desde final de 2020. A su juicio, el turismo ha sido el «gran abandonado» del Gobierno de Canarias y de Madrid y recordó que a pesar de haber pedido un plan de rescate para el sector, «a día de hoy no hay nada de nada». A pesar de ser un decreto necesario, Ester lo calificó de «desilusionante y restrictivo».

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente (Cs), insistió en que negocios más allá del alojativo que dependen del turismo, o los que hayan hecho inversiones y puedan demostrar que son viables, también deben acceder a estos incentivos. En su opinión, el decreto ley es «mejorable».

Un 30% sigue cerrado

La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, señaló ayer en el pleno del Parlamento de Canarias que alrededor de un 30% de la planta alojativa turística no ha abierto todavía o mantienen una actividad mínima. Sin embargo, deben seguir haciendo frente a todos los costes, entre otros los impuestos municipales como el IBI.

El decreto ley convalidado ayer por el Parlamento de Canarias pretende inyectar liquidez a las empresas alojativas, tanto hoteleras como extrahoteleras para intentar paliar la crisis. Estas podrán solicitar durante 25 días naturales -desde el 10 de septiembre y hasta el 4 de octubre- y exclusivamente de forma telemática las subvenciones para cubrir el recibo del IBI correspondiente a 2021, ya que el pago de este impuesto de 2020 se ha incluido como gasto de las empresas que hayan concurrido a las ayudas directas del fondo de 1.144 millones financiado por el Estado.

Castilla explicó que estas subvenciones -que llegarán a entre 2.500 y 3.000 beneficiarios- se fundamentan en la situación que atraviesan las empresas explotadoras de alojamientos turísticos debido a la prolongación de los efectos de la pandemia, y que se manifiesta en «la importante pérdida de ingresos, en graves problemas de liquidez y, en lo que es más importante, en la tremenda merma del empleo».

Los alojamientos turísticos no pudieron acogerse a las subvenciones directas concedidas a autónomos y pymes por valor de 87 millones -que ya están abonadas-, por lo que el Gobierno adquirió el compromiso de fijar medidas específicas para el sector. Al respecto, la consejera recordó que la compensación al IBI turístico es una medida consensuada con el sector, así como el momento en el que se produce.

La finalidad es proporcionar liquidez a las empresas de alojamiento afectadas por la grave crisis turística y que hayan sufrido una reducción igual o superior al 30% en el volumen de operaciones respecto a 2019. Castilla justificó la concurrencia no competitiva de las ayudas en la agilización del proceso, de forma que las solicitudes serán atendidas por orden de entrada hasta agotar el crédito de 63 millones y cuyo importe puede ampliarse hasta los 80 millones.