Al portavoz del Gobierno, sentado en el escaño, le tocó ayer defender el decreto ley que originó mayor discusión en el Pleno. / R.AVERO/PARLAMENTO

El Pacto logra sacar todos los decretos ley a pesar de su ajustada mayoría

La oposición se tropezó con el rechazo del cuatripartito para poder corregir el decreto ley sobre las escuelas infantiles

ALMUDENA SÁNCHEZ Santa Cruz de Tenerife

Con una diputada menos -Sandra Domínguez-, el cuatripartito que apoya al Gobierno autonómico no tuvo que afrontar ningún contratiempo para hacer valer su mayoría y ganar sin problemas las votaciones de los cuatro decretos ley que ayer quedaron convalidados por el Parlamento.

Las aprobaciones se lograron en parte porque la diputada que se descolgó del Pacto y se estrenó ayer como no adscrita, se alineó a la mayoría salvo en una ocasión que se abstuvo. La actuación de Sandra Domínguez acaparó el centro de prácticamente todo el Pleno, bien por su nueva situación en la Cámara, bien por su papel clave en la crisis por la que atraviesa el Gobierno del Cabildo de Fuerteventura.

  • Voto El Pleno se demoró por la discusión originada en la Junta de Portavoces sobre el voto telemático de sus señorías.

  • Embarazo La discusión surgió a cuenta del voto telemático que pidió Lady Barreto al no poder viajar por embarazo.

  • Interpretación La redacción del reglamento suscitó varias interpretaciones pero al final, se permitió.

Las ausencias de las diputadas Nieves Lady Barreto -Coalición Canaria-, ni la de Noemí Santana -también consejera de Derechos Sociales del Gobierno- tampoco representaron ningún obstáculo para alterar las votaciones puesto que ambas pudieron ejercer su derecho al voto delegado.

En consecuencia, los cuatro decretos ley que se sometieron a la consideración del Pleno, resultaron convalidados sin más trámite. Sin embargo, los grupos que ejercen la oposición propusieron sin éxito que el de las escuelas infantiles se transformara en proyecto de ley, dados los reparos puestos por el Consejo Consultivo en su dictamen.

El consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, refutó las consideraciones de la institución que preside Pablo Matos, e insistió en la «urgencia» en implantar la escolarización de los niños de cero a tres años poniendo fin a los problemas que se encuentran los ayuntamientos con sus respectivos servicios de intervención al carecer de la competencia correspondiente.

Inconstitucionalidad

Pero la portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, puso el acento en las advertencias hechas por el Consultivo que, entre otras cosas, sostiene la «inconstitucionalidad» del apartado 3 del artículo único, del decreto ley por «infracción de la legislación básica de régimen local».

Por ello, los dos diputados de Ciudadanos (Cs) junto a los diputados nacionalistas de Coalición Canaria (CC) y los del Partido Popular (PP) coincidieron en propugnar la conversión de ese decreto ley en proyecto de ley dado que es la vía que puede tener el Parlamento para introducir las enmiendas pertinentes.

Concretamente, la diputada Beatriz Calzada, defendió además la necesidad de que el texto legislativo viniera con financiación asegurada dado que, «los ayuntamientos no pueden asumir ya más gastos» dijo. Al mismo tiempo, consideró que «en vez de haber traído este decreto ley, deberían haber incluido en la Ley Celaá la escolarización real, universal y gratuita de cero a tres años», remató.

Competencias

La diputada del PP, Lorena Hernández señaló que el tema competencial es «lo que nos suscita dudas a la hora de tramitar el decreto ley».

Sin embargo, los votos de la oposición, ni la abstención del grupo Mixto junto a la diputada no adscrita pudieron imponerse a la mayoría del cuatripartito, cuyos grupos parlamentarios consiguieron impedir que el decreto ley acabara convirtiéndose en proyecto de ley.

En realidad, éste tema fue el único punto discrepante en la sesión plenaria que tuvo lugar ayer ya que el resto de las iniciativas tomadas por el Gobierno autonómico fueron respaldadas por unanimidad en la Cámara.

Ocurrió así como el que modifica el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías, el de los centros de atención a menores extranjeros y el de las medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad autonómica.