309 obras desiertas al no asumir la administración el alza de costes
La AECP denuncia que 142 millones se han quedado en el aire por los bajos precios de licitación del sector público en el último bienio
Javier Pang
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 15 de febrero 2023, 18:35
En el último bienio el proceso de licitación de obras y servicios por parte de las administraciones públicas ha dejado un saldo muy negativo en Canarias: 309 obras desiertas y 142 millones de euros sin producir.
Desde la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas señalan que esto se debe a que «las administraciones públicas canarias están licitando, a sabiendas, obras y servicios a precios que no son acordes a los del mercado actual», indicó su presidenta, María de la Salud Gil. El resultado fueron las 309 obras que han quedado deshabitadas, ya que ninguna empresa ha podido ocuparse de ellas ante la imposibilidad de poder cumplir el contrato a los precios estipulados. Este es un hecho muy significativo que «pone de relieve la tozudez de la mayoría de las administraciones públicas al tiempo que el flagrante incumplimiento de las normas básicas en materia de contratación administrativa, triplicando en el año 2022 las obras desiertas respecto a 2021», indicó Gil.
Los ayuntamientos, a la cabeza
Dentro de las administraciones públicas, fueron los ayuntamientos los que encabezaron la lista de obras desiertas, por un valor de 57,8 millones de euros, abarcando el 40,2 % sobre el total, seguida de la Administración del Estado, con 25 millones y un 18 % sobre el total. Los cabildos, por su parte, dejaron de licitar obras valoradas en 24,4 millones, lo que representó un 17 % del total, mientras que la comunidad autónoma alcanzó los 23,8 millones y un 16,8% sobre el total.
Los tipos de obra que no pudieron completar su licitación son muchos, entre ellos destacan las infraestructuras deportivas, hidráulicas, viarias, el sistema de canalizaciones y redes, equipamiento urbano, educativo, estaciones de transporte, centros geriátricos y culturales, aparcamientos, laboratorios, rehabilitación de edificios públicos quedando fuera del alcance de los ciudadanos. «Todo esto es culpa de la maraña administrativa, que les ha quitado la posibilidad de ser contratadas, ejecutadas y que cumplan con sus efectos multiplicadores en productividad, empleo y bienestar social», señaló Gil.
Desde la patronal se quejan de que la gran mayoría de estas administraciones, en especial los Ayuntamientos, se niegan a revisar los precios de las obras que están en proceso de ejecución y que se contrataron a precios anteriores a las subidas de las materias primas incurriendo en un «enriquecimiento injusto y financiándose a costa de las empresas ejecutantes y de sus proveedores, generando una cadena de incertidumbre y pérdidas económicas», concluyó Gil.
Sin embargo, la AECP reconoce que la comunidad autónoma y los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura sí que han cooperado bonificando al 100 % de las empresas la tasa de dirección de obras (4%), de la misma forma que ninguna otra administración está respondiendo al evidente desequilibrio de los contratos suscritos con las empresas.
