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En tan solo las 24 primeras horas de vida de la nueva web del programa 'Vivienda Vacía' ya se habían registrado doce ofertas de propietarios y 450 solicitudes de inquilinos. Las cifras, aunque prematuras, vienen a confirmar las dos circunstancias a las que pretende poner solución el Gobierno de Canarias: la indecisión de los primeros y la necesidad de los segundos.
«Esto va a funcionar muy bien porque sabemos que hay muchos inmuebles que no salen al mercado simplemente por miedo o las dificultades a la hora de hacer trámites», explica Víctor González, director de la empresa pública Visocan, que gestiona la iniciativa de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
Durante los próximos cinco años y con una dotación de 8,1 millones de euros, se espera sacar al mercado unos 700 inmuebles y ofrecer una nueva vida a esos espacios que de otro modo estarían abandonados, pero con «unas garantías suficientes» que benefician a ambas partes.
Del lado de los arrendadores, certifican el cobro de lo pactado durante siete años, ya que Visocan abonará la renta desde la entrada del primer inquilino hasta la finalización del contrato independientemente de que estos tengan problemas o no con los pagos. Además, se ahorran la gestión y tienen la confianza de que el piso le será devuelto en el mismo estado en que fue puesto a disposición del programa.
Las familias sin recursos, por su parte, podrán acceder a viviendas a precios asequibles, con un tope de 500 euros mensuales y ayudas para que no destinen más del 30% de sus ingresos.
«Creo que son unas condiciones bastante atractivas y ahora habrá que iniciar en paralelo campañas para que la información siga llegando y los propietarios se animen», añade González.
Los incentivos y la comunicación se erigen así como principales armas persuasivas teniendo en cuenta que el mapa de la vivienda vacía es difícil de dibujar. El propio Ministerio apunta a unas 100.000 en todo el Estado; un dato que si bien el director de Visocan cree «un poco inflado», sí reconoce que en las islas «podríamos hablar de miles».
Desde Moncloa llegan también medidas impositivas a través de la nueva Ley de Vivienda, que pretende hacer 'aflorar' estos inmuebles con el recargo del IBI.
En este contexto, Canarias no descarta que el programa pueda ampliarse, aunque todo dependerá, de nuevo, de la oferta. «Es la clave de todo, pero de momento tenemos muy buenas perspectivas», insiste González.
Si bien la iniciativa -que parte de modelos similares aplicados en País Vasco y Navarra- basa todo el procedimiento de la gestión a través de la Aplicación Web, desde las oficinas de Visocan aseguran que podrán atender las dudas de forma presencial. Los requisitos son «mínimos» y se pueden cumplimentar tanto desde un ordenador como un dispositivo móvil con el objetivo de que sea «lo más sencillo posible».
A los futuros inquilinos se les requiere estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias -una forma de «controlar» el tipo de perfiles- a los propietarios se les realiza una inspección técnica para comprobar las condiciones mínimas de habitabilidad.
Luego, las solicitudes se ordenan en función de unos parámetros establecidos: ingresos, zonas de residencia y oferta de vivienda, entre otros. Explican desde Visocan que el tiempo que se tarde en 'casar' a las familias dependerá de cómo evolucione el programa pero, en cualquier caso, «se se ha empezado a trabajar desde el minuto uno».
Es decir -a falta de la adjudicación- al menos doce familias canarias en situación de vulnerabilidad ya tienen garantizada una vivienda a un precio asequible, y sus propietarios unos ingresos para los próximos años.
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