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El anteproyecto de la Ley de Vivienda aprobado esta semana por el Consejo de Ministros no entrará plenamente en vigor al menos hasta la próxima legislatura.
Los municipios podrán solicitar a la comunidad autónoma la declaración de zona tensionada si la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC.
Se pondrá límite a los alquileres en zonas tensionadas a los propietarios de más de diez viviendas, en función de un índice de referencia. Las comunidades podrán elaborar índices propios en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley.
Recargo del IBI: Los ayuntamientos podrán aplicar un recargo del 50 % a los inmuebles que estén desocupados sin justificación más de dos años; del 100% si está vacío más de tres años y del 150% si el propietario tiene varios pisos desocupados en el mismo municipio.
La bonificación general será del 50% en el IRPF de los arrendadores, pero se podrá modular en función de diversos criterios hasta un máximo del 90% en las zonas tensionadas para aquellos propietarios que rebajen un 5% el precio de sus alquileres.
Nuevos desarrollos: El texto establece la reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública (la mitad será para alquiler), frente a la cifra actual del 1,6%. Además, contempla un 10% para reforma o renovación de la urbanización.
Los juzgados podrán suspender los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables durante dos meses, si el demandante es una persona física, y durante cuatro si es persona jurídica, mientras la Administración busca una alternativa habitacional.
Se crea la figura de la «vivienda asequible incentivada» como aquella de titularidad privada, con beneficios urbanísticos y fiscales, destinada al alquiler para personas con bajos ingresos a precios reducidos y convivirá a su vez con la vivienda protegida.
Los jóvenes de entre 18 y 35 años, con rentas anuales inferiores a 23.725 euros, podrán beneficiarse de una ayuda de 250 euros al mes durante dos años a partir del próximo 2022. Se prevé que más de 70.000 personas podrán acogerse a la medida.
En el caso de las familias más vulnerables, el bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% del valor de la renta mensual de arrendamiento, con el objetivo de facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda.
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