El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez (i), habla con el titular de Sanidad, Blas Trujillo, en un Consejo de Gobierno. / EFE

La nueva bolsa de empleo del Gobierno se abrirá pese al recurso presentado por dos sindicatos

CCOO y CSIF decidieron impugnar la medida al considerar que se incumplía varios preceptos y normativas de la resolución

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

Los sindicatos canarios presentan un frente común ante la bolsa de empleo extraordinaria con la que el Gobierno de Canarias pretende subsanar las deficiencias en la plantilla de algunas consejerías y organismos públicos.

Sin embargo, el recurso ante lo contensioso-administrativo presentado por Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) no supondrá la paralización o el retraso de la iniciativa en la qu e se han inscrito alrededor de 50.000 personas hasta el cierre de la convocatoria, el pasado 1 de febrero.

Ambas organizaciones, que también han solicitado medidas cautelares, entienden que la iniciativa no se ajusta al marco legal y que vulnera varios preceptos y normativas de rango superior a la resolución que convocó la lista complementaria.

Una negativa que aseguran haber manifestado con anterioridad en diciembre, cuando se celebró la Mesa de Negociación con la dirección general de Función Pública, con el fin de ajustar los criterios de la convocatoria.

Si bien reconocen la posibilidad de crear una bolsa de empleo en caso de agotar o no encontrar los perfiles deseados en las vigentes, critican que se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A juicio de los sindicatos, se discriminará a unos colectivos respecto a otros y se ponen límites al derecho de participar en tanto que no se permite el acceso al personal de la comunidad autónoma pero sí de otras administraciones.

Entre sus reivindicaciones también señalan que no se cumple el principio de transparencia, por el que las personas pueden acceder a las listas de forma pública, ni se valora el tiempo que se ha prestado en la administración.

Tampoco garantizan unos plazos de toma de posesión ajustados a la normativa: «Si ofrecen tres días para incorporarse y esa persona debe avisar de que deja su otro trabajo con dos semanas de antelación, está perdiendo derechos laborales», señala Javier Galván, portavoz de CSIF.

LAS CLAVES

  • Inscritos Entre el 12 de enero y el pasado 1 de febrero se presentaron 49.372 solicitudes vía telemática a las nuevas listas de empleo complementarias para interinos.

  • Capacidad El Gobierno asegura que su tramitación no requerirá esfuerzos adicionales a los empleados habitualmente en los procesos ordinarios.

  • Temporalidad La Comunidad Autónoma cuenta actualmente con un 40% de temporalidad en la Administración. Una cifra que debe reducirse al 8% en los próximos tres años.

«Nos preocupa la deriva que está tomando el Gobierno de Canarias -apunta Jorge Reyes, portavoz de CC.OO.- Actualmente tenemos una tasa de temporalidad de casi el 40% en las islas y en vez de trabajar por reducirla al 8%, como establece la norma estatal, se está generando más precariedad y temporalidad».

Si bien la intención de la dirección general es reforzar la Administración para hacer frente a la gestión de los fondos europeos, principalmente, CSIF cuestiona que se convoque personal de grupos, cuerpos y escalas que tiene listas vigentes como, por ejemplo, los ingenieros de caminos o los trabajadores sociales.

«Lo que está pasando es que creamos una Administración paralela, con un efecto llamada, que con la excusa de los Next Generation se está parcheando un problema estructural», añade Reyes.

En este sentido, Galván señala otro matiz, el de la ausencia de una fecha o plazos para que finalicen estas listas, con lo que teme que se incumpla, también, la condición de limitar hasta los tres años el contrato temporal, acogiéndose a «excepciones».

Por otro lado, CC.OO., CSIF y UGT han exigido a la dirección general de Función Pública ordenar los criterios comunes para desarrollar los procesos selectivos con los que se pretende reducir la temporalidad en la Comunidad Autónoma.

Para los sindicatos, urge concretar este paso si se quiere cumplir con los plazos que establece Madrid. En este sentido, piden convocar todas las plazas que estén ocupadas de manera temporal al menos durante tres años, así como el desarrollo de unos procesos selectivos que ofrezcan seguridad jurídica.

«Primero se tirará de las listas ordinarias»

El rechazo de los sindicatos ha tomado por sorpresa a la dirección general de Función Pública, que asegura que durante la última Mesa de Negociación estos no habían presentado argumentos contrarios a la bolsa de empleo.

El viceconsejero Manual Martínez apunta que, en todo caso, estos no se sostienen, ya que las listas complementarias entran en el marco legal en tanto que son el recurso secundario. «Primero se tira de las listas vigentes, y si estas se agotan o no hay personal, se tira de la extraordinaria».

Así, argumenta Martínez, una no anula a la otra ni hay duplicidades, ya que el solicitante que se presenta por la vía ordinaria no puede hacerlo por la complementaria. «Lo que queremos es que sea ágil y que podamos conseguir perfiles que no obtenemos con los procesos selectivos también», añade.

Precisamente, para Martínez lo «novedoso» de esta bolsa de empleo es que no depende de ningún proceso selectivo, sino que se basa en una autoevaluación del solicitante. De esta manera, son los candidatos los que se ponen nota y se van ordenando en la lista. En función de las plazas que vaya convocando la Administración por esta vía, se irá comprobando que la documentación presentada es correcta.

Por tanto, no tendrá que filtrar las 50.000 solicitudes de golpe: «Se irá revisando: si es correcta, pasa, si no, esa persona vuelve a la bolsa con la nota reasignada por la Administración», explica Martínez que, además, asegura que no requerirá un esfuerzo extra para el personal que realiza estas evaluaciones de forma ordinaria.