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El anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que después del verano enviará una nueva propuesta de financiación autonómica a las comunidades ha vuelto a generar inquietud en Canarias, que ya rechazó el anterior texto porque «ni siquiera contemplaba la insularidad».
En este sentido, las formaciones nacionalistas, Nueva Canarias y Coalición Canaria, puntualizan que si no se recogen las observaciones realizadas por la comunidad autónoma al documento, relativas sobre todo a la prestación de servicios sociales, la insularidad o la distinción entre el REF y este sistema, «no servirá para las islas».
La diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González valora que la población ajustada ya se utilice en el acuerdo vigente, pero discrepa del cálculo que se hace. En este sentido, «desconfía» de que este nuevo plan incorpore novedades respecto al último.
Por su parte, el dirigente de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, considera que este el documento debe ser diferente al anterior y atender las reclamaciones de las comunidades autónomas, y aunque mantiene sus reservas, prefiere ser prudente hasta conocer «la letra pequeña».
En cualquier caso, ambas formaciones reclaman más peso de la insularidad en el nuevo sistema de financiación, además de incluir criterios como la pobreza en la distribución de los recursos.
La propuesta canaria elaborada en respuesta al primer documento de Hacienda, argumenta en relación a los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales) que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada.
Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura Esther González, tienen una mayor presión en los servicios públicos.
Tampoco figura en el cálculo actual los niveles de paro de cada comunidad autónoma, una cuestión fundamental porque en el caso de Canarias, la imposibilidad de desarrollar una economía a escala, provoca que haya un nivel mayor de desempleo.
González recordó que asentar la negociación en la población ajustada no es algo nuevo. Lo que está en debate, dice, es cómo se va a calcular ese parámetro y cuestiona que se incluya la España vaciada.
Al respecto, destaca la «importancia y la necesidad» de tener un plan específico para repoblar estos territorios, pero apunta que la financiación autonómica dota de recursos a los servicios esenciales «por lo que no tiene sentido que si no hay población que necesite esos servicios, se les destine dinero».
Ambos parlamentarios rechazan que los recursos del REF se liguen a la financiación autonómica, tal como señalaba el primer documento redactado por el Ministerio de Hacienda.
El diputado de Coalición Canaria considera que Madrid debe recoger los elementos de distinción de este sistema de financiación y el Régimen Económico y Fiscal, mientras que la representante de Nueva Canarias puntualiza que el artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía señala que «los recursos del REF son adicionales a los contemplados en la financiación autonómica».
Tanto José Miguel Barragán como Esther González desconfían de que esta propuesta salga adelante porque necesita -sin tener en cuanta la inflación- al menos 16.000 millones más por parte del Estado y un alto nivel de consenso, extremo este que «no existe y no hay previsiones de que se pueda encontrar a un año de las elecciones autonómicas y locales», más allá del acuerdo que puedan alcanzar las comunidades gobernadas por el PSOE.
González tiene «serias dudas» de que esta negociación llegue a buen puerto en lo que resta de legislatura porque ninguna comunidad está dispuesta a recibir menos de lo que tiene consignado.
Por su parte, Barragán detalla que hay que tener en cuenta además el posible escenario de recesión a partir del segundo trimestre de este año y principios del próximo.
El sistema actual venció en 2013 y desde el año siguiente, los distintos gobiernos de España han intentado reformar el sistema sin éxito.
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