La ley de movilidad sostenible genera dudas sobre quién debe financiar las OSP
El proyecto que tramita el Congreso establece que sea la administración proponente la que asuma el coste y no recoge ninguna excepción
El proyecto de ley de movilidad sostenible que actualmente se tramita en el Congreso, en el que se establecen las normas de financiación de las obligaciones de servicio público (OSP), genera dudas de interpretación sobre si Canarias deberá asumir el coste de las OSP que solicite a partir de ahora para garantizar la conectividad con la península o entre las islas.
En su artículo 47.1, el proyecto de ley señala que las obligaciones de servicio público serán objeto de financiación en todo caso por la administración proponente, salvo que en su declaración de determine otra cosa, y establece que antes de la aprobación de la OSP_en Consejo de Ministros deberá incorporarse al expediente el compromiso de su financiación.
Señala asimismo que cualquier eventual aumento de frecuencias o modificación de las características del servicio deberá ser financiado también por la administración proponente.
El texto, que no establece ninguna excepción para Canarias ni para el resto de los territorios extrapeninsulares, ha hecho saltar la alarma ante la posibilidad de que tenga que ser el Gobierno canario el que se haga cargo de financiar futuras OSP, como la que se va a poner en marcha en junio entre Lanzarote y Madrid a modo de experiencia piloto para evitar el incremento injustificado de las tarifas.
«Las excepciones se deben incluir con claridad en el texto legal», señala el líder de CC y senador autonómico, Fernando Clavijo, «y este nuevo artículo que ha introducido el Ministerio de Transportes no despeja la duda de si Canarias se verá obligada o no en el futuro a pagar el importe de una OSP que solicite para hacer frente a cualquier coyuntura que se pueda plantear en el transporte aéreo con la península o entre las propias islas», añade.
A este respecto, Clavijo adelantó su intención de presentar una enmienda al proyecto de ley cuando llegue al Senado «para evitar que el Gobierno abra una puerta a una posibilidad que sería muy perjudicial para Canarias».
Por su parte, la Dirección General de Transportes del Gobierno canario interpreta que la obligación de pagar las OSP afecta únicamente a las que se aprueben dentro de la península, amparándose en el punto 3 del artículo 47, aunque el punto 1 no distingue entre ámbitos territoriales.
Clavijo discrepa de esta interpretación y considera «muy preocupantes» las decisiones que está adoptando el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de transportes y bonificaciones respecto a Canarias.
En esta línea, recuerda que el Ejecutivo estatal anunció a la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) su intención de aprovechar la ley de movilidad sostenible para replantear la bonificación del 75% si esta no cumpliera con los objetivos marcados.
«El actual Gobierno ha cuestionado en numerosas ocasiones una bonificación que está anclada en nuestro REF y no vamos a permitir que lo haga», indica el senador nacionalista. CC ya presentó una enmienda al respecto en el Congreso para buscar un acuerdo que blinde el actual 75%. De no alcanzarse una posición común con el PSOE, la formación presentará otra enmienda «más precisa» en el Senado.
