Alas 10.27 horas del 5 de diciembre de 2021, el que fuera director general de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, interpuso una denuncia en la comisaría Tenerife-Sur de la Policía Nacional contra un -hasta ese momento- anónimo llamado Marcos Antonio Navarro Tacoronte. Argumentaba que éste había efectuado cargos a su tarjeta de crédito por un importe total de 2.575 euros. Lo que Pérez nunca imaginó es que esa denuncia, que según la policía y la autoridad judicial que lo investigó era falsa, que acabaría forzándole a dimitir de su cargo en la Corporación, con su imagen seriamente dañada y, sobre todo, iba a dar pie a uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años no solo en las islas, sino a nivel nacional: el caso Mediador.
Ahora, después de más de un año y diez meses, Ángel Luis Pérez Peña está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife por la presunta comisión de un delito de denuncia falsa y tendrá que prestar declaración ante la autoridad judicial el próximo día 6 de octubre a las 9.30 horas.
Se trata de un procedimiento menor dentro del trasatlántico jurídico que supone el caso Mediador. Prueba de ello es que el código penal establece penas para este delito que van desde la simple multa para los supuestos leves, hasta la prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses, si se considerara como grave. Pero, a pesar de este escenario, la trascendencia del asunto es máxima porque se trata del 'kilómetro cero' del caso Mediador. Un asunto que trajo en jaque a la escena política del país, acabó con ceses en el organigrama del Ejecutivo regional y el bochorno y rechazo social generado por la difusión de imágenes de fiestas en pandemia con drogas y prostitutas de por medio y todo -presuntamente- pagado por empresarios para conseguir beneficios por parte de los organismos públicos que estaban bajo la influencia de los investigados.
El exdirector de Deportes denunció falsamente que Navarro le estafó y dio origen a la investigación del caso Mediador
Y este embrollo por los 2.575 euros gastados supuestamente por Navarro Tacoronte en compras realizadas en El Corte Inglés y disposiciones de efectivo y que Pérez Peña denunció porque -según el Mediador- «su mujer le había pillado los cargos» que constaban en el extracto de esa tarjeta de la discordia.
Este procedimiento por denuncia falsa fue incoado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife el pasado 17 de agosto y en las actuaciones consta muchas de las diligencias que en si día practicó la magistrada instructora del caso Mediador, María Ángeles Lorenzo-Cáceres, al objeto de esclarecer si Navarro Tacoronte había estafado a Pérez Peña como éste argumentaba. La denuncia inicial presentada por el expolítico palmero el 5 de diciembre dio lugar a una investigación policial que precisó de unas diligencias ampliatorias registradas el 25 de enero en las que los agentes que llevaron a cabo la investigación hallaron en el extracto de la cuenta de la tarjeta, cargos por valor de 500, 200, 800, 1.050 y 25 euros, que sumaban los 2.575 denunciados por Pérez Peña.
Volcado de los móviles
Pero la clave estaba, como no, en los dos teléfonos móviles que utilizaba el Mediador. Tras ser detenido el 26 de enero y en presencia de su abogado Plácido Alonso Peña Fumero, prestó declaración y dio unas explicaciones que dejaron atónitos a los allí presentes.
Contó que colaboraba «con Deportes del Cabildo» del que era responsable Pérez Peña y que entre ambos se había forjado una sólida amistad tras conocerse en la presentación del rally Isla de Tenerife. Expuso que recibía «comisiones por los trabajos que hacía» y que la tarjeta objeto de denuncia la usaban «para pagar» y estaba a nombre de los dos, aunque Pérez Peña «tenía que aceptar los pagos en su móvil para que funcionara», por lo que quiso dejar claro que ambos siempre fueron plenamente conscientes de los movimientos que se hacían.
Añadió que «Ángel compró en El Corte Inglés muebles y otras cosas para que su esposa no se diera cuenta de nada», que fueron siempre «juntos a todos lados» y que los 1.050 euros que constaban habían sido retirados fueron para pagar «drogas, prostitutas y alcohol».
Toda esta tesis planteada por el detenido, dijo, la podía acreditar aportando su móvil «cuando le fuera requerido», ya que la mayoría de las conversaciones entre ambos las tenía guardadas en su WhatsApp.
La magistrada, ante esta situación, decretó la prórroga de la detención de Navarro Tacoronte en dependencias policiales mediante auto de 26 de enero y ordenó al día siguiente la polémica «apertura, volcado, estudio y análisis» de los chats entre el Mediador y Pérez Peña. Una decisión controvertida por el hecho de que ha sido el argumento esgrimido por el ahora abogado del Mediador, Rachid Mohamed.
El letrado ha alegado en su línea de defensa que su cliente solo autorizó el volcado de ese chat y no de todo su teléfono, por lo que la información total extraída y que dio origen a la macrocausa no se obtuvo por parte de los agentes de forma lícita.
En su declaración en sede judicial, el exdirector general de Deportes se limitó a decir que no sabía si «en alguna comida -Navarro- le había cogido la tarjeta», que nuca le había dado el código de seguridad o la contraseña, que al ver que le había estafado «intentó recuperar su dinero intercambiando con él «llamadas y WhatsApp, y que tuvo que «darle castaña» para conseguir que le devolviera lo supuestamente estafado.
Tras una nueva prórroga de la detención de Navarro, la instructora pidió a El Corte Inglés el listado de movimientos realizados por la tarjeta desde el 15 de octubre hasta el 24 de enero de 2022 para que la policía los investigase y volvió a recibirle declaración a Navarro el día 27 de enero.
En este acto, el Mediador insistió nuevamente en que eran amigos y que fruto de esa relación, Pérez Peña realizó «asignaciones de partidas a ciertas empresas» cercanas a Navarro, que a cambio, percibiría «un porcentaje». Dijo también que ambos fueron «muchos días al Corte Inglés», que «nunca» había «amenazado, inquietado o coaccionado» al denunciante y otras tantas presuntas 'corruptelas' que habrían ideado entre ambos.
Estas manifestaciones fueron corroboradas por los agentes que investigaron los móviles del Mediador ya que, de los mensajes intercambiados entre ambos, llegaron a la conclusión rotunda de que el exdirector general «era consentidor de los cargos que denunció como fraudulentos», que los mismos tenían que ser «confirmados» por él y que el denunciante «estuvo presente» en las «compras presenciales efectuadas», siendo además «beneficiario» de las mismas.
Por este motivo, la magistrada acordó primero la libertad provisional de Tacoronte el 28 de enero para, el 17 de febrero, dictar un auto de sobreseimiento de la causa contra el investigado en el que, además, interesó que se dedujese testimonio contra Pérez Peña por si su conducta pudiese ser constitutiva de un delito de denuncia falsa.
El auto fue recurrido por la defensa del cargo público, pero fue desestimado en primera instancia el 20 de octubre de 2022, decisión ratificada en auto por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el 16 de febrero.
De esta forma, el caso fue a reparto y cayó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife que ahora ha incoado las correspondientes diligencias previas y ha citado al investigado para que declare, un Ángel Luis Pérez Peña que pasó de denunciante a imputado.
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