Los menores migrantes se entregarán por el Estado a Canarias en comisarías de la policía autonómica

El Gobierno de Canarias publicó este jueves en el Boletín Oficial de Canarias el nuevo protocolo territorial que regula los trámites y formas en las que el Estado, a través de la Policía Nacional, tendrá que entregar a la comunidad autónoma a los menores migrantes para su tutela o acogida. El objetivo, como se apunta en el texto, es acabar con el «desorden» que existe actualmente y que merma los derechos de los menores. Desde este viernes 13 de septiembre se aplicará y si no se cumple lo fijado, Canarias no se hará cargo de los menores.

El protocolo es consecuencia de la declaración de «emergencia migratoria agravada» que se hizo el pasado 2 de septiembre, tras haberse agotado todos los medios materiales y personales para la acogida de los menores y no dar el Estado soluciones. La entrada en vigor del protocolo tensa aún más las relaciones con el Estado, que ya atraviesan un momento delicado tras la firma el martes entre CC y PP de un plan de acción migratorio.

Entre las novedades que recoge el texto, se fija que la entrega de los chicos se producirá a partir de ahora en «un acto formal» y con documentación individualizada en las comisarías de la policía autonómica y donde no haya, en lugares habilitados para ello. Además, se exigirá que la recepción se haga en presencia de un policía autonómico o «por razones justificadas» de un funcionario público autonómico habilitado para ello.

El protocolo establece que los menores deberán ser debidamente identificados por la policía antes de la entrega a Canarias y que deberán portar en ese momento un documento individualizado con datos y foto para evitar «confusión de identifidades», que a se ha producido en alguna ocasión. Además se obliga a que el menor haya sido entrevistado con carácter previo al fin de determinar si precisa de protección internacional o por trata de seres humanos.

En esa audiencia se establece que haya un intérprete de la lengua materna del menor u otra en la que pueda entender.

Además se requiere la intervención del Ministerio Fiscal para salvaguardar sus derechos y una resolución administrativa de asignación o ubicación.

Además de la identidad, en la documentación que se aporte en la entrega del menor se deben detallar las circunstancias en las que fue hallado y su situación riesgo o desamparo si así se hubiese acordado por el Ministerio Fiscal, el número de expediente de riesgo abierto en la Sección de Menores.

El policía autonómico o el funcionario público, en su lugar, comprobará la documentación individualizada y determinará su traslado al centro en el que haya plaza. Cuando el menor haya sido entregado, se firmará un acta de recepción individualizada.

El protocolo recoge que, en caso de que se trate de una persona cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, debe ser el Ministerio Fiscal quien decida «con carácter cautelar y urgente», si debe ser acogido en un centro de protección de menores o por el contrario debe ser sometido al régimen ordinario de mayores de edad.

En el texto publicado ayer en el BOC se justifica la necesidad de un procolo por las «grandes debilidades» que la crisis migratoria está destapando en el sistema. En este sentido, se enmarca la aprobación de este protocolo territorial como encomienda del protocolo que se aprobó sobre los menores extranjeros no acompañados en 2014 y que vincula a todas las instituciones del Estado, incluidos ministerios y la presidencia del Gobierno de España que lo firmó.

El apartado 3 del texto nacional fija que las comunidades autónomas deben desarrollar su propio protocolo, que es lo que hace ahora la comunidad autónoma.

Desde el Gobierno de Canarias se apunta que las nuevas exigencias no tienen por qué traducirse en un retraso en la recepción de los menores. «Solo se tata de ordenar el procedimiento de recepción», indican fuentes de la Consejería.

En el último Consejo de Gobierno, del lunes, se aprobó un plan de choque para la contratación de 39 nuevos trabajadores. 19 ya lo han hecho y 20 lo harán «en estos días» para estas labores.

En este sentido, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, justificó este protocolo, al «velar por la seguridad jurídica del menor». Según indició avalado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. Clavijo respaldaba así el contenido del texto publicado ayer por el BOC y en respuesta al recurso interpuesto por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la nueva interpretación del Gobierno canario sobre a quien le corresponde la tutela de los menores migrantes, según recoge Efe.

Según esta oenege, la interpretación del Ejecutivo de Canarias es contrario a los derechos fundamentales de los menores y del interés superior del menor», especialmente de aquellos cuya acogida pueda ser susceptible de ser rechazada.

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