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Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 11 de junio 2020, 09:27
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Apenas unas palabras de introducción por parte del consejero de Administraciones Públicas del Gobierno autonómico, Julio Pérez, -«muy breve, señor presidente», le dijo- y el máximo responsable del Parlamento, Gustavo Matos, zanjó el debate de primera lectura de dos proyectos de ley en un minuto escaso. Uno de ellos, corresponde además a las medidas extraordinarias que el Ejecutivo adoptó al inicio del confinamiento, como por ejemplo las ayudas complementarias a los autónomos.
Los diputados que se habían preparado las intervenciones se quedaron con ellas en la mano sin poderlas pronunciar, al menos los que no se encontraban en el Salón de Plenos. Matos preguntó en el hemiciclo si algún grupo deseaba intervenir y, ante el silencio, levantó la sesión sin más. En el reglamento, se estipula que en los debates de primera lectura de los proyectos de ley, si no hay enmiendas a la totalidad presentadas -en este caso, no las había-, «tras la intervención del Gobierno, se abrirá un turno de fijación de posiciones» por parte de los grupos parlamentarios.
La brevedad que pidió el presidente de la Cámara al consejero la motivó porque «el debate ya se produjo y no se ha producido ninguna novedad» desde que se convalidaron los decretos sobre «medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por la Covid-19» y «de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas», ambos convertidos ya en proyectos de ley.
Pérez fue mucho más conciso al introducir el texto sobre las medidas extraordinarias que sobre la suspensión de las autorizaciones para nuevas salas de juego. Sobre el primero, indicó que «el Gobierno ha incluido las observaciones realizadas por el Consejo Consultivo».
En cualquier caso, cabe recordar que el Gobierno de Canarias aprobó en el mes de abril un conjunto de medidas de carácter «extraordinario y urgente» a través de las que intentó «minimizar» el impacto en la destrucción del empleo, «de una manera muy especial sobre los autónomos y autónomas que han tenido que cesar su actividad o bajar su producción de bienes y servicios».
El texto legislativo incluyó acciones dirigidas a agilizar la tramitación de procedimientos administrativos, y otras medidas en materia presupuestaria, de contratación y subvenciones.
En concreto, se creó una línea de ayuda, dotada inicialmente con 11.000.000 de euros, con el fin de cubrir el restante 30% de la base mínima de cotización con la finalidad de que los autónomos contaran con un apoyo económico que les garantizara la percepción del 100% de la prestación.
Tras lo sucedido ayer en el Pleno, los grupos parlamentarios tienen quince días de plazo para presentar enmiendas parciales al articulado del proyecto de ley si así lo estiman conveniente.
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