La mayoría de edad de 1.670 migrantes da un respiro, pero preocupa el repunte

En los cuatro meses y medio que faltan para que finalice el año, en Canarias se declarará la mayoría de edad a 1.671 migrantes menores no acompañados.

Esta cifra sin duda contribuye a paliar la saturación que registran los centros de acogida dispuestos en toda la comunidad autónoma, pero el Gobierno de Canarias ya tiene la vista puesta en el previsible repunte que se está notando estos últimos días de agosto y que, según el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, «no ha hecho más que empezar y aumentará con las calmas en el mar a partir de septiembre».

Actualmente, los 81 recursos instalados en todo el archipiélago acogen a un total de 5.200 menores, un número sensiblemente menor frente a los 5.700 que se contabilizaron hace unos meses.

Este registro supone que ahora mismo las islas superan en un 275% su capacidad de acogida, que está estimada en unos 2.000 jóvenes. En el acuerdo pactado entre el Gobierno de Canarias y el Estado sobre la modificación de la ley de extranjería, la comunidad autónoma se comprometió a acoger hasta el 150% de su capacidad, lo que supone en torno a 3.000 personas.

Además del cumplimiento de los 18 años, contribuye a la reducción de menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias la determinación de la mayoría de edad mediante la prueba ósea. Después de unas semanas de tregua en las llegadas, se han practicado una media de 40 test diarios, lo que ha permitido que en este momento practicamente ya no haya menores dubitados en los centros de la comunidad autónoma.

Ante la previsión de un aumento del flujo migratorio, el Gobierno ya tiene dispuesta -«instalada y operativa»- una carpa en el muelle de Arrecife y está pendiente de las autorizaciones solicitadas a Puertos del Estado para otras en La Estaca (El Hierro) y Los Cristianos (Tenerife).

El objetivo es que los niños pasen en estas instalaciones precarias hasta cinco días mientras se les hace la reseña y reciben una primera atención hasta que son derivados a los recursos en los que serán alojados, explica Candil.

Agrega al respecto que el año pasado la mayoría de los niños llegó a los puertos de Lanzarote y El Hierro, aunque estas últimas semanas la situación ha cambiado y no se han registrado en Lanzarote y sí más en Fuerteventura.

Además de la dificultad para encontrar recursos de acogida -el Gobierno primero consideró la posibilidad de recurrir a centros educativos en desuso y después solicitó -y fue rechazada- instalaciones militares igualmente en desuso-, el viceconsejero destaca que también están teniendo problemas para contratar personal, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura.

A ello se une que, «cuando se consiguen los trabajadores, ya sean de otras islas que están dispuestos a trasladarse o incluso de la península, no tienen donde vivir, puesto que la falta de vivienda y los elevados alquileres lo complican».

En cuanto al traslado de chicos según lo acordado en la Conferencia Sectorial de Infancia, Francis Candil puntualizó que de los casi 350 menores que se debían derivar a otras comunidades correspondientes al pacto de 2023, solo han salido de las islas 65 niños.

A partir de ahora, y después de la aprobación por el Consejo de Gobierno del plan de choque que incluye 39 nuevos trabajadores para la Dirección General del Menor, confía en que «los procesos puedan adelantarse», tanto en lo relativo a documentación como a convenios.

• Temas
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de España
• Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias
• Canarias
• Migrantes
• Menores
• Pateras
• Cayucos