Conrado Domínguez. / C7

Caso Mascarillas: ¿qué pasa ahora? Y seis preguntas más

El contrato con RR7 deriva en una investigación más amplia, con la Fiscalía Europea rastreando una presunta malversación

Francisco Suárez Álamo
FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

El caso Mascarillas está a las puertas de un cambio de jurisdicción, una decisión que puede ser de ida y vuelta. A continuación se resumen las claves de cómo está el caso.

1. ¿Quién investiga ahora judicialmente el caso?

La querella de la Fiscalía Anticorrupción por el contrato del Servicio Canario de Salud estaba siendo instruida en el Juzgado número 7 de la capital grancanaria. La remisión por parte de la Fiscalía Europea de un escrito comunicando que asume el caso al entender que puede haber una malversación de fondos comunitarios ha supuesto un parón en la instrucción en el juzgado capitalino.

2. ¿Se pagó o no a RR7 con cargo a los fondos Feder de la UE?

Según la Intervención de la Comunidad Autónoma, no se pagó con cargo a fondos comunitarios. El Servicio Canario de Salud pudo hacerlo pero finalmente no tramitó ese expediente con cargo a dinero de la UE. Así queda recogido en un escrito de la Intervención que ya está en el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria.

3. ¿Puede investigar la Fiscalía Europea si no se pagó con fondos europeos?

En primer lugar, la Fiscalía Europea deberá recibir esa comunicación de la Intervención de la Comunidad Autónoma. Sucede, además, que la Fiscalía no solo examina el expediente de RR7 sino que, a partir de la denuncia de un particular, revisa una docena de contratos con otras tantas empresas al entender que pudo haber malversación de fondos europeos. En cuanto a la jurisdicción que instruya finalmente el caso de RR7, el juez de la capital grancanaria puede plantear un conflicto competencial que se dirimiría en el Tribunal Supremo.

4. ¿Cuántos investigados hay hasta ahora?

Siete. Primero estaban los tres querellados: Conrado Domínguez (fue director del Servicio Canario de Salud), Ana María Pérez (fue directora de Recursos Económicos en Sanidad) y el empresario Rayco Rubén González, dueño de RR7. Después, el juez añadió, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, otros tres: la esposa, la madre y un primo del dueño de RR7, cuyos nombres aparecen en las sociedades que teóricamente recibieron parte del dinero pagado por el SCS a RR7. Y tras dictar el secreto de las actuaciones, el juez añadió un séptimo investigado: Osvaldo Lastras, amigo de Conrado Domínguez y la persona que puso a RR7 en contacto con el Servicio Canario de Salud. Para ello se sirvió de Samuel Machín, amigo suyo que a su vez es amigo también de Rayco Rubén González. Samuel Machín ha declarado hasta la fecha como testigo.

5. ¿Por qué dimitió Conrado Domínguez?

Su dimisión se produce tras el «giro radical» (expresión del juez instructor) de la causa el día en que declara Rayco Rubén González. El empresario aporta mensajes de móvil que desmontan lo dicho por Conrado Domínguez, pues sí hubo contacto entre ambos antes de la firma del contrato de los 4 millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas. Conrado Domínguez lo había negado ante el fiscal y también cuando fue llamado a declarar por el juez. Rayco Rubén González aportó su móvil, con esos mensajes y otros muchos más con personas que participaron en la gestación, concreción y seguimiento del contrato. Conrado Domínguez había negado al Gobierno esos contactos y dimitió cuando se le dijo que su destitución iba a ser abordada en el Consejo de Gobierno.

6. ¿Qué papel juega la Audiencia de Cuentas?

Como órgano fiscalizador autonómico que es, la Audiencia decidió este año, 'motu proprio', revisar los contratos hechos durante el inicio de la pandemia. En su borrador de informe, apuntó responsabilidades contables en la operación de RR7 y lo comunicó sobre la marcha al Tribunal de Cuentas, que abrió diligencias, un procedimiento que no ha concluido. Ese preinforme también señaló que la normativa empleada por Sanidad no fue la adecuada y que se debió haber tomado más cautelas con las empresas contratantes. Señala además la compra millonaria de material sanitario inservible que está en los almacenes de varios hospitales. Ese borrador de dictamen contó con alegaciones firmadas por Conrado Domínguez pero que no fueron atendidas por la Audiencia. El preinforme fue elevado al pleno de la Audiencia en julio y fue rechazado, con el voto en contra de los consejeros nombrados en su día por el PSOE y NC. Desde un punto de vista práctico, no hay dictamen como tal. Sin embargo, al margen del uso político del mismo, el Juzgado de Instrucción lo reclamó y tiene en su poder ese trabajo de la Audiencia.

7. ¿Qué pasará con la comisión de investigación que piden Coalición Canaria y el Partido Popular?

El Reglamento del Parlamento fija que para crear una comisión de investigación es preciso que la pidan dos grupos o la quinta parte de los miembros de la Cámara. El requisito se da y ahora, tras pasar por la Mesa, se deberá votar en pleno, donde precisa 36 votos. Si el Pacto de las Flores vota unido, no habrá comisión parlamentaria.