Borrar
Imagen del comité para afrontar la crisis sanitaria. Aparecen Torres, Rodríguez, Franquis, Cruz, Domínguez, Olivera y Pérez. C7
Caso Mascarillas: las denuncias que alertaron solo de la punta del iceberg

Caso Mascarillas: las denuncias que alertaron solo de la punta del iceberg

La primera causa del país por presuntas compras irregulares de material covid arrancó por las quejas interpuestas por Juan Manuel Pérez

Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 26 de marzo 2024, 23:19

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El punto de partida de la investigación por el caso Mascarillas tuvo como actor protagonista al empresario del sur de Gran Canaria Juan Manuel Pérez León, quien analizó minuciosamente decenas y decenas de expedientes de compras de material covid en época de pandemia, todos ellos ejecutados por la vía de contratos de emergencia y abonados por el Servicio Canario de Salud (SCS) del Gobierno de Canarias.

El denunciante alertó siempre a tres bandas: la Fiscalía General del Estado y Europea, el Tribunal de Cuentas y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Apesar de sus esfuerzos, desde el Ejecutivo autonómico, nunca le prestaron atención.

Una de las primeras denuncias interpuestas por Pérez León está fechada el 14 de marzo de 2022. En el documento, el empresario alertaba a las autoridades de 23 adjudicaciones otorgadas por la Consejería de Sanidad a diferentes empresas por la vía de contratos de emergencia durante los años 2020 y 2021 y con un valor total que ascendía a 32 millones de euros.

Noticia relacionada

Exponía el denunciante supuestos sobrecostes en la compra de productos covid, de la adjudicación a dedo a empresas que no operaban en el entorno sanitario y de adjudicaciones a mercantiles inscritas 'ad hoc' solo para suministrar al SCS.

En el detalle de esta denuncia de 14 de marzo, ya Pérez León alertaba de contratos con empresas ahora de sobra conocidas como RR7 United –los cuatro millones del caso Mascarillas–, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas –origen del caso Koldo– o Damco Trading Services y Tanoja Services –las que aparecen en el caso Damco–.

También ofrecía detalles en una denuncia de 5 de abril como el contrato que calificó como «uno de los escándalos» y fue el adjudicado a la empresa malagueña de alimentos ToutEspagnol Import-Export SL para la compra de 300.000 mascarillas FFP2 por un coste de 1,938 millones, una cantidad que era –según el denunciante– «el triple de su precio según los de mercado».

También señaló contrataciones como las otorgadas a One Airways de 1,125 millones y a Sanitary Traders Spain con 183.342 euros, inscritas 'ad hoc' en el año 2020, «para recibir posteriormente estas adjudicaciones», destacó Pérez León.

En este último capítulo de empresas creadas solo para contratos puntuales con el SCS para material covid, en este documento se detallaba acerca de «posibles irregularidades en 23 contratos» sin especificar 'adjudicatario' por un coste total de 7,410 millones de euros. Una cifra que «significaba un sobrecoste respecto a los precios de mercado en algunas contrataciones».

En los documentos aportados al Tribunal de Cuentas, Fiscalía y la UDEF ya advirtió de RR7, Damco y la empresa de Koldo

En ese maremágnum de contrataciones, el denunciante hizo especial hincapié en una mercantil. Se trata de ACJ SA, que resultó «beneficiaria con 13 contrataciones», muy por encima del resto de empresas que consiguieron entablar negocios con la Administración.

Sospechas sobre ACJ SA

Detalla Pérez León que, respecto a ACJ SA, se produjo una circunstancia aparentemente anormal al detectar una «anulación del anuncio de formalización de un contrato en diciembre de 2020». La mercantil, cuyo objeto era el comercio al por menor de instrumentos médicos ópticos, obtuvo un contrato publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12 de diciembre de 2020, pero éste fue anulado y nuevamente adjudicado y colgado en el referido portal el 30 de marzo de 2021.

Según el documento público que aportó en su escrito el denunciante, dicho contrato había sido objeto de cofinanciación con fondos Feder y, «una vez publicados los anuncios de adjudicación y formalización», la Administración debió «anular el anuncio de formalización, rectificar la adjudicación y volver a publicar la formalización» al usarse fondos europeos.

Este contrato, que aprobado por la directora general de Recursos Económicos del SCS, la investigada Ana María Pérez, tenía como objeto el suministro de 50.000 test PCR por 795.000 euros, adjudicados el 6 de octubre de 2020, con procedimiento de negociado sin publicidad por tramitación de emergencia. «Consultadas las plataformas, el precio de mercado, como por ejemplo la oferta del laboratorio Bioxamina», destacó el denunciante, por estos PCR adjudicados a ACJ SA, era de «5,46 euros por test» y, «sin embargo, el Gobierno habría contratado» este material a dicha empresa «por 15,9 euros», es decir, «el triple del valor según los precios oficiales de mercado».

También aparecen en la denuncia adjudicaciones a ACJ SA en relación a «protectores desechables tipo EPI y 200.000 surgical face mask–quirúrgicas».

El costo total de este material sumó los 932.000 euros pagados por las arcas públicas vía Servicio Canario de Salud del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres.

Pidió que investigasen la «desaparición» de un contrato en Transparencia

En las denuncias que presentó Juan Manuel Pérez León a la Fiscalía, Tribunal de Cuentas y la UDEF, aparte de aportar los contratos que entendía que podían ser irregulares, pidió que se realizara una «investigación» respecto al uso de «fondos públicos y fondos Feder respecto a las presuntas irregularidades en las contrataciones a empresas para la adquisición de material sanitario en el periodo 2020-2021».

También apuntó a una investigación sobre la actuación de la dirección general de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, que estaba bajo la responsabilidad de Román Rodríguez, «en base a estos documentos públicos –los portados en la denuncia– aprobados por la misma consejería a través de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS».

Entendió Pérez León que las autoridades competentes debían de abrir una «investigación sobre el volcado de documentos públicos en el Portal de Transparencia del Estado y el Portal de Trasparencia del Gobierno de Canarias», en relación a los documentos que utilizó para articular sus denuncias «respecto de las 59 resoluciones emitidas» por la directora general Ana María Pérez

Apuntó por último a la «presunta desaparición» de un documento de adjudicación de un contrato a ACJ SA «así como que se investigue el documento publicado posteriormente sustitutivo en el mismo espacio web, pero con contrataciones diferentes de material a empresas concretas, pero sin especificar la cuantía económica de estas adjudicaciones».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios