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Rayco González, dueño de RR7, a su llegada este lunes a la sede de la Fiscalía Europea en Madrid C7
Caso Mascarillas

Caso Mascarillas: Rayco González se ratifica en que no estafó al SCS

Tribunales ·

El dueño de RR7 United compareció este lunes en Madrid, en la sede de la Fiscalía Europea | La declaración del intermediario Samuel Machín se aplazó a propuesta propia

Domingo, 14 de abril 2024

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La declaración ha sido corta y ha servido para que Rayco González, uno de los investigados en el caso Mascarillas, ratificara que no hubo comisión de estafa por parte de su empresa RR7 United al Servicio Canario de Salud (SCS). Era uno de los llamados la mañana de este lunes a declarar en la Fiscalía Europea, con sede en Madrid, junto a Samuel Machín, uno de los comisionistas de la operación, que pidió aplazar su comparecencia.

A las puertas de la institución, el abogado de González, Rachid Mohamed, aseguró estar «más contento» por el hecho de que la versión de los hechos recogida por el juzgado de instrucción de Las Palmas, «que entonces parecías increíbles», ahora, a su juicio, se están corroborando.

El letrado añadió que seguirán trabajando en la misma línea de defensa, que sostiene que RR7 ha sido «víctima de una estafa» en la compraventa de las mascarillas que resultaron ser falsas. «El rastro del dinero está perfectamente definido y acreditado. Las mascarillas no desaparecieron, se abonaron y llegaron a Canarias», insistió.

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Las fiscales Oihana Azcue y Gloria Yoshiko Kondo continuarán la ronda de citaciones el día 22, con Oswaldo Lastras, que hizo de enlace entre Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de la Salud (SCS), y Lucas Cruz, empresario que supuestamente medió entre RR7 y la compañía que iba a suministrar un millón de mascarillas.

En mayo deben declarar Conrado Domínguez y Ana María Pérez, que era directora de Recursos Económicos del SCS.

Cabe recordar que la instrucción dio un giro cuando en 2022 el propietario de la empresa de compraventa de coches que recibió 4 millones accedió a colaborar con la Justicia y entregó su móvil, con las conversaciones, entre otros, con Conrado Domínguez, el propio Samuel Machín, Ana María Pérez y el empresario Lucas Cruz.

La Fiscalía Europea investiga el caso al entender que hubo malversación de fondos comunitarios en la operación en la que el Servicio Canario de la Salud (SCS) pactó con RR7 United la compra de un millón de mascarillas a cambio del pago por adelantado de 4 millones de euros.

Ese órgano fiscal de ámbito comunitario se puso en marcha en 2021. En 2021 el Boletín Oficial del Estado publicó los nombres de los siete fiscales europeos selecciones por España para formar parte del cuerpo de fiscales del Consejo de la Unión Europea. Fueron Gloria Yoshiko Kondo Pérez y Oihana Azcue Labayen -las dos de este caso Mascarillas-, Víctor Joaquín González-Herrero González, María Elena Lorente Pablo, Olga Muñoz Mota, Laura Pellón Suárez de Puga y Pablo Rafael Ruz Gutiérrez.

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La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio, en particular en lo que respecta al fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude transfronterizo en materia de IVA.

Tanto las instituciones y órganos de la UE como las autoridades competentes de los veintidós Estados miembros que participan en la Fiscalía Europea deben informar a esta de cualquier conducta delictiva que afecte al presupuesto de la UE. También los particulares pueden denunciar presuntos casos de fraude u otros delitos.

RR7 siempre ha sostenido que fue víctima de una presunta estafa por los teóricos suministradores de las mascarillas. De hecho, asumió el coste de destruir una primera partida de tapabocas que llegó a Gran Canaria y de cuya falsedad alertó la propia empresa 3M. Pese a ese fiasco inicial, Conrado Domínguez ordenó reactivar el contrato, que el SCS había dado por extinguido, y dio por bueno no reclamar el dinero a cambio de la entrega de 1,2 millones de mascarillas de otro modelo. Ese material tampoco llegó.

En cuanto a Samuel Machín, hizo de contacto entre Oswaldo Lastras -igualmente imputado-, que era amigo personal de Conrado Domínguez, y RR7. Actuó, según el mismo reconoció en sede judicial, y como acreditan los mensajes en poder de la Fiscalía Europea, a cambio de una comisión cifrada en unos 80.000 euros. Asegura que no la cobró.

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