Diez protagonistas a la espera de una investigación (o más)

La socialista Teresa Cruz salió del Gobierno del Pacto de las Flores en pleno inicio del confinamiento. De hecho, solo acudió a la primera reunión del controvertido Comité de Gestión. Fue una decisión traumática para el PSOE y el Gobierno pero apenas explicada en aquellos momentos en que la prioridad era hacer frente al impacto de la covid-19.

La incorporación de Conrado Domínguez al Comité de Gestión acrecentó el distanciamiento con Torres. Domínguez había sido director del SCS en el Gobierno de Fernando Clavijo, cuando los socialistas salieron del Ejecutivo, y buena parte del PSOE no se lo perdonó. Domínguez fue recuperado por Sebastián Franquis, que lo puso como secretario general técnico en la Consejería de Obras Públicas. Con Teresa Cruz salió también de la estructura de mando de Sanidad Blanca Méndez, que igualmente podría ser llamada a declarar en el Parlamento canario.

En el Pacto de las Flores, Julio Pérez debutó como consejero de Presidencia pero tuvo que alternar como consejero de Sanidad cuando se produjo la abrupta salida de Teresa Cruz del Gobierno. Estuvo al frente de Sanidad entre marzo y julio de 2020, cuando se firmó el contrato con RR7, si bien este fue obra del Servicio Canario de Salud. Coalición Canaria ha incluido su nombre en la lista de solicitudes de comparecencia en el Congreso. A Pérez se le atribuye haber bloqueado el decreto que iba a configurar el funcionamiento del Comité de Gestión, un documento que llegó a estar en el orden del día del Consejo de Gobierno en abril de 2020 pero quedó sobre la mesa. El argumento fue que habría supuesto alterar la estructura orgánica y competencia del Gobierno.

Antonio Olivera fue clave y lo sigue siendo en la gestión de Torres. Llegó a su Gobierno como viceconsejero de Presidencia, con el aval de ser el interlocutor de los empresarios y en especial de los de Tenerife en un Gobierno de izquierdas y con un presidente y un vicepresidente de Gran Canaria. En marzo de 2020 está desde el minuto uno en el Comité de Gestión, donde precisamente se consideraba valiosa esa interlocución con los empresarios ante las numerosas propuestas de colaboración. Y Torres recurre a él para apagar el fuego inicial que supuso la abrupta salida de Teresa Cruz y su equipo de Sanidad.

Así, fue director del SCS cuando se gestiona el contrato con RR7 y habría sido la persona que traslada al SCS el contacto con Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Koldo García. Es uno de los pocos cargos de ese Gobierno que Torres rescata con un puesto relevante en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, donde es su jefe de gabinete. Su nombre está en la listas de comparecientes pedidos en el Senado y el Congreso. También lo esperan en el Parlamento canario.

Blas Trujillo retornó al Gobierno de Canarias -había sido consejero con Jerónimo Saavedra- cuando Julio Pérez dijo que ya no podía más y que había que poner fin a la interinidad en ese departamento, que precisaba de un equipo con experiencia. Veterano socialista, llegó al Gobierno desde el Consejo Económico y Social y de allí se trajo a Alberto Pazos como director del SCS. Le tocó dar la cara, junto a Conrado Domínguez, cuando se conoció el fiasco de las mascarillas de RR7. Pero pronto empezó a marcar distancias con el investigado Conrado Domínguez. Comparecieron juntos en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias en 2022 pero desde el primer minuto Trujillo cedió el protagonismo a Domínguez. Tras las elecciones de mayo de 2023, ha regresado a la actividad privada.

Alberto Pazos llegó a la dirección del SCS en un momento de crisis sanitaria pero lo hizo con la vitola de persona que conocía los entresijos de la administración. Eso mismo provocó que, a las primeras de cambio, mostrase su disconformidad con muchos de los expedientes con los que encontró. Los contratos de emergencia de los primeros meses de la pandemia se convirtieron en un quebradero de cabeza para el SCS, ya fuera por presiones para pagar por vía de urgencia como por las advertencias de que parte del material recibido no se ajustaba a lo que estaba en los contratos. Le tocó ser llamado a capítulo por el consejero y otras estructuras de poder autonómico por ese motivo. Su nombre aparece en las peticiones de comparecencia del PP en el Senado y de CC en el Congreso. Lo esperan también en el Parlamento canario.

Si se habla de presuntas irregularidades en la gestión de contratos sanitarios en época de pandemia, el primer nombre que viene a la mente de muchos es el de Conrado Domínguez. Llegó al Comité de Gestión a propuesta de la dirección de los socialistas y avalado también por Nueva Canarias. Su gran valedor en ese momento en aquel momento y siempre fue Sebastián Franquis y muy pronto hizo honor a la fama que lo precedía: un gestor muy resolutivo, que siempre atendía las llamadas y que estaba disponible 24 horas, siete días a la semana y 30 días al mes.

Cuando CANARIAS7 desvela en 2022 el caso Mascarillas y la investigación de Anticorrupción, fue llamado a capítulo en Presidencia, con más de un consejero presente en la reunión. Le pidieron explicaciones, porque había miembros del Gobierno que no conocían el fiasco -pese a que se había iniciado la operación de apremio a la empresa vía Agencia Tributaria Canaria- y desde un primer momento negó conocer al dueño de RR7. La misma negativa mantuvo ante el fiscal Javier Ródenas y ante el juez Javier García García-Sotoca. Una vez presentada por Ródenas la querella y admitida a trámite, Torres lo mantuvo en el cargo. De hecho, fue él quien confeccionó las alegaciones al preinforme de la Audiencia de Cuentas que advertía de presuntas irregularidades contables en aquel contrato y que una decena más podían ser nulos de pleno derecho.

Las conversaciones con el dueño de RR7 difundidas por este periódico lo dejaron sin argumentos y en noviembre de 2022 dimitió. ¿Por qué entonces? Porque Torres le dijo a la cara, en una tensa reunión en la que estuvo también Sebastián Franquis, que iba a ser destituido al día siguiente en el Consejo de Gobierno si no se iba antes. Sigue como investigado en la causa del caso Mascarillas, que instruye la Fiscalía Europea desde finales de 2022, y en mayo ha sido llamado a declarar a Madrid. Su nombre está en las listas de comparecencias propuestas en el Congreso y el Senado. También lo esperan en el Parlamento canario. Al ser un imputado, puede acogerse a su derecho a no declarar en las comisiones.

El PP ha incluido a Pedro Pacheco en la lista del Senado. Repetirá previsiblemente como presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias a propuesta de CC y lo hace tras haber vivido una situación casi sin precedentes en esa institución: el consejero Fernando Figuereo (propuesto por el PP) fue el responsable de un preinforme de fiscalización de los contratos sanitarios que alertó de posibles irregularidades contables en el caso de RR7 y de nulidad de una decena más de operaciones.

Pacheco elevó el preinforme al Tribunal de Cuentas pero el documento fue rechazado en el plenario de la Audiencia tras duros ataques de los consejeros propuestos por el PSOE y NC. El Tribunal de Cuentas archivó el expediente de RR7 sin entrar en el fondo: dio por bueno que la Comunidad Autónoma había iniciado el procedimiento para recuperar el dinero y con eso le bastó.

El nombre de Marco Antonio Navarro Tacoronte aparece en la lista del PP de comparecientes para el Senado. Está por ver si el Partido Popular también pide que vaya a la comisión del Parlamento canario. Aparece como investigado en el caso Mediador, que debe su nombre precisamente a su papel de intermediario en una presunta trama de corruptelas. ¿Pero por qué aparece relacionado con los contratos sanitarios? En sede judicial dijo que Conrado Domínguez pasó a ser su «jefe» después de que primero lo hubiese sido el entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. En sus grabaciones han aparecido conversaciones y fotos con Conrado Domínguez en el despacho del entonces director del SCS. Este periódico ha desvelado también grabaciones de ambos en un local de hostelería de la capital grancanaria hablando de compras, «facturas» y suministros de material sanitario.

José Luis Ábalos fue mucho más que un ministro con amplio presupuesto inversor en el Gobierno de Pedro Sánchez: era persona de la máxima confianza del líder federal de los socialistas, fue llevado por este al Consejo de Ministros, y también el secretario de Organización del PSOE. Por eso, Koldo García no era uno más de los muchos asesores ministeriales: se trataba de la mano derecha de una persona muy relevante, con el añadido de que Ábalos premió a García sentándolo en cargos de representación en órganos estatales. Es por ello que tenía acceso a la agenda de contactos de Ábalos y en ella el PSOE canario ocupaba un papel relevante porque, para Torres y su equipo, el ministro era la puerta de entrada al Gobierno.

Si había que resolver algo, se llamaba primero a Ábalos y muchas veces las llamadas las atendía Koldo García. Es por ello, según la explicación del equipo de Torres, que pareció 'normal' que García recomendase en pleno inicio del confinamiento una empresa de suministros de material sanitario que ya estaba contratando con la administración estatal y que eso pareciera garantía suficiente. A partir de ahí vendrían otros contactos.

A la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también le pareció llamativa la coincidencia de García en la capital grancanaria, en el mismo hotel y fechas, con el dueño de la empresa Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), días antes de que saliera la licitación para remodelar el antiguo Edificio Royal y adaptarlo como sede de la Agencia Tributaria Canaria. LIC ganó la licitación y más tarde dejó colgada la obra. Todavía sigue sin resolverse el expediente.