A la izquierda, Ana María Pérez llegando a la Ciudad de la Justicia. /Juan Carlos Alonso

A la izquierda, Ana María Pérez llegando a la Ciudad de la Justicia. / Juan Carlos Alonso

El caso Mascarillas, hoy ante el juez

Esta semana se reactiva la instrucción con la declaración de los investigados Ana María Pérez -hoy- y Conrado Domínguez y Rayco González -el jueves-

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

Fue el 8 de abril de este año 2022 cuando la delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada inició unas diligencias de investigación con el objetivo de esclarecer si había delito detrás de los contratos urgentes suscritos por el Servicio Canario de Salud (SCS) para la adquisición de material sanitario para la lucha contra el coronavirus.

De ahí nació el caso Mascarillas al detectarse en una de estas adjudicaciones la posible actuación delictiva del responsable de este organismo, Conrado Domínguez, una directora general llamada Ana María Pérez y el administrador de RR7 United SL, Rayco Rubén González, a quienes pagaron cuatro millones de euros por la compra de unos cubrebocas que jamás llegaron a los hospitales públicos de Canarias.

Tras el intenso trabajo desarrollado por el fiscal Javier Ródenas que acabó con la interposición por su parte de una querella, esta semana el caso Mascarillas se reactivará en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria con las declaraciones de los investigados y la próxima de los testigos y peritos propuestos por el Ministerio Público.

La primera en comparecer ante el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca será la que fuera directora general de Recursos Económicos de SCS, Ana María Pérez. Investigada por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, ha sido citada para hoy martes a partir de las 10.00 horas después de que la autoridad judicial atendiera a una solicitud planteada por su representación legal para adelantar la cita alegando problemas de agenda.

El fiscal Javier Ródenas. / Arcadio Suárez

Para el fiscal Ródenas, esta funcionaria fue quien gestionó la tramitación irregular del contrato suscrito entre el SCS y RR7 United SL a instancias de Conrado Domínguez y, además, no llevó a cabo un control riguroso del cumplimiento del mismo, desoyendo las advertencias que le formularon dos jefas de servicio acerca del peligro que suponía pagar el 100% de los cuatro millones de euros acordados, por anticipado y sin garantía de que la adjudicataria pudiera suministrar el material en tiempo y forma.

El jueves serán oídos en declaración en calidad de querellados a partir de las 9.30 horas Conrado Domínguez y Rayco Rubén González. Se trata de los dos principales investigados en este caso Mascarillas y tendrán que ofrecer las correspondientes explicaciones ante la autoridad judicial después de que ya respondieran a las preguntas del fiscal Javier Ródenas en las diligencias preprocesales.

En el caso de Domínguez, el actual director del SCS está también siendo investigado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias al igual que Ana María Pérez, aunque en este caso, como presunto ejecutor de las actuaciones delictivas que dieron lugar al incumplimiento del contrato con RR7 United SL. Esta persona, según la querella, adjudicó un contrato sin una mínima garantía de cumplimiento, por unas mascarillas FFP3 que realmente eran FFP2, pagando por adelantado sin averiguar quién era el adjudicatario y beneficiando a un amigo suyo que se llevaría una comisión, no denunció el incumplimiento y, además, modificó el acuerdo cuando ya se había extinguido y después de comprobar que trajeron mascarillas 3M falsas.

Por último, el administrador de RR7 United SL, Rayco Rubén González, comparecerá investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales. Entiende la Fiscalía que engañó y estafó al SCS prometiendo que iba a traer una mercancía sin garantía alguna y luego, tras recibir el dinero, se quedó con el mismo y no hizo entrega de las mascarillas. También se le acusa de que utilizó parte de esos cuatro millones para ocultarlos comprando coches y realizando transferencias entre varias sociedades.

Personaciones

Se da la circunstancia en este procedimiento de que el Gobierno de Canarias -de la mano de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos- está personado en calidad de perjudicado y uno de los presuntos causantes de ese daño, según el fiscal, es el propio director del SCS que aún permanece en el cargo. Será de interés ver la posición que adopta durante esta intensa fase de instrucción.

Por otra parte, la Asociación para la defensa de la sanidad pública de Canarias se personó en la causa como acción popular, pero deberá consignar una fianza de 3.000 euros, según el instructor, para que se haga efectiva.

El Ejecutivo sigue sin aclarar quiénes eran los miembros del comité

La autoridad judicial sigue a la espera de que el Gobierno de Canarias les remita una certificación en la que haga constar la «identificación nominal» de los miembros que compusieron el Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias de Canarias, desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021. El magistrado instructor remitió una providencia interesando esa información el 21 de julio y aún no ha recibido respuesta. Por ello, insistió en otra petición cursada el 4 de septiembre para que responsan «a la mayor brevedad posible», pero el Ejecutivo continúa en silencio.