Las demandas del sector

Los deberes para el Gobierno: la educación pública primero

17/04/2019

Derogar la Lomce, alcanzar un pacto educativo nacional «con consenso» y contando con la comunidad educativa, la necesidad de promulgar una nueva ley de universidades, mejorar las becas y revertir los recortes son algunos de los retos más inmediatos que debe afrontar el futuro Ejecutivo

La educación ha sido una de las áreas que más recortes sufrió durante el período de crisis. Desde la escuela hasta la universidad. Pero cuando comenzó la recuperación no se revirtió la situación y hoy la enseñanza pública ha sufrido un gran retroceso. En ese diagnóstico están de acuerdo cuatro representantes del sector: Nino Ruiz, de la Plataforma 5%; Ada Santana, estudiante universitaria, Yanira Troya, miembro del sindicato Stec Intersindical Canarias y Rafael Robaina, rector de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Los cuatro, también, coinciden en la misma reivindicación de cara al Gobierno que salga de las elecciones del próximo 28 de abril: La educación pública debe ser la prioridad.

«En estos años ha crecido la concertación tanto a nivel del Estado como en Canaria. Esto es escandaloso, es atípico en Europa», señala Nino Ruiz. El representante de la Plataforma 5% para la Educación lamenta, además, que el Gobierno canario no cumpla su propia ley y destine menos de que mandata la norma. «El Gobierno de Canarias tiene plenas competencias. Las tenemos transferidas transferencias y tenemos las condiciones económicas. Hablar de Madrid es un brindis al sol». No obstante, añade, sí hay que pedirle al Gobierno de España que «derogue» la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (2013), la tan controvertida Lomce, «como marco normativo y que provea de un entorno estable para que educación».

Los deberes para el Gobierno: la educación pública primero

Desde la ULPGC Rafael Robaina también tiene clara la prioridad. La universidad española necesita una nueva ley. «Las universidades competimos en el mercado global, especialmente el marco europeo, necesitamos imperiosamente una nueva ley que nos dé mayor autonomía y nos saque del pozo de la consideración de administración pública. Esto [la universidad] no es un ayuntamiento. Estamos en un mercado en el que se compite de otras manera y, con nuestras actuales circunstancias, no somos competitivos».

Robaina también defiende la necesidad de potenciar la educación pública como hacen en la mayor parte de los países de nuestro entorno, incluido el ámbito universitario.

En estos años «ha crecido la concertación» y el número de universidades privadas

Desde la perspectiva del alumnado, explica Ada Santana, es preocupante el tema de las becas. «Consideramos que hay una excesiva diferencia entre las titulaciones de ciencias y las de letras. Los requisitos académicos son muy diferentes. En ciencias te exigen un 65% de los créditos, pero en Derecho, por ejemplo, el 90%». Otra de las cuestiones, añade Santana, es el de las becas Erasmus. «Aquí en Canarias no tenemos ese problema, pero nos solidarizamos con los compañeros de otras universidades», dijo.

Yanira Troya coincide con el resto en las reivindicaciones para el sector. «La escuela pública es la mejor. Lo tenemos clarísimo», afirmó, pero recordó que los gobiernos la habían descuidado «por creer que se va a sostener a cuenta de la salud docentes. La escuela pública hay que valorarla, mimarla. Debe ser sentida como una inversión, nunca como un gasto».

Troya también señaló la necesidad de derogar la Lomce y promulgar «una nueva ley educativa estatal que represente un gran acuerdo social que sea elaborada por quienes formamos parte de la comunidad educativa».

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