Los cabildos también exigen gastar su superávit y contratar personal
La Fecai se suma a las demandas de los ayuntamientos al Gobierno central para poder invertir los recursos que tienen inmovilizados en los bancos, y por los que ya han empezado a cobrarles intereses, un concepto que asciende a unos 100 millones anuales en toda España
Los cabildos secundan la demanda que han hecho los ayuntamientos de toda España al Estado para que se les permita utilizar su superávit e invertir este dinero, que ahora mantienen ocioso en los bancos a «servicios y gasto necesario» así como en recursos humanos. Las administraciones locales acumulan unos 4.500 millones que quieren invertir en 2020 en obras «sostenibles y duraderas».
El presidente de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y titular del Gran Canaria, Antonio Morales, criticó ayer los límites para que las corporaciones locales puedan invertir «su dinero» y señaló que se están utilizando estos recursos para justificar el déficit de las autonomías y «también del Estado ante la Unión Europea».
En este sentido, apuntó que la administración central «sigue endeudándose, sigue teniendo déficit y lo cubre con los recursos ociosos de las administraciones locales». Mantuvo además que, con la imposibilidad de gastar el superávit que tienen en los bancos «las administraciones locales estamos financiando de manera indirecta a los bancos, porque nos obligan a depositar esos recursos» y puso de manifiesto que «encima ahora nos van a cobrar intereses por tener ese dinero inmovilizado». Este concepto supondrá en toda España unos 100 millones anuales.
El Cabildo de Gran Canaria tiene en torno a 500 millones de euros depositados en entidades bancarias de los que pueden utilizar menos de 100 millones en inversiones financieramente sostenibles. Pero no es sólo ésta su queja, sino que apunta como «una gran dificultad añadida» la limitación para «recuperar los recursos humanos que se perdieron durante los años de la crisis y de ajustes terribles», lo que les genera problemas para hacer frente a los servicios públicos. Recordó que la imposibilidad de reponer todas plazas que se pierden «han generado un escenario de déficit en las plantillas».
Explica al respecto que si hoy el Cabildo de Gran Canaria tuviera capacidad para invertir los 500 millones que tiene paralizados en los bancos, «no podría hacerlo porque no dispone de personal para desarrollar esos servicios». Por eso, señala que el decreto ley que reclaman al Gobierno central debe tener una doble actuación: por un lado, permitir a las administraciones locales utilizar los recursos derivados del superávit y que se puedan incorporar más recursos humanos.
También el Cabildo de Tenerife cierra filas en torno a la reivindicación expresada por los presidentes de la Femp, Abel Caballero, y de la Fecai, Antonio Morales, y desde esta institución se apunta que cuando haya Gobierno estable en España se debe abordar la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria, de tal manera que no se impongan estas limitaciones a las corporaciones locales, sobre todo cuando están saneadas, y que en el caso de Canarias son practicamente todas, según la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
