El decreto no recoge la gratuidad de las medicinas como derecho, sino que queda a merced de una subvención y de que exista ficha financiera suficiente. Además, en el documento se explica expresamente que se contará con 14 millones de euros procedentes de los Presupuestos de 2019 de la Comunidad Autónoma. Por tanto, no se utilizará el dinero del superávit para este fin.
En el decreto se matiza que el importe máximo de la ayuda por persona beneficiaria no podrá superar, en cómputo anual, los 70 euros. Una cifra que si se multiplica por los 298.000 pensionistas a los que el Ejecutivo aseguró que iba a favorecer la medida da como resultado 20,8 millones de euros. Se trata de casi 7 millones más de los que hay previstos. Además, a ello se le sumarían las personas que dependen de la tarjeta sanitaria de esos pensionistas y que, según el decreto, también pueden resultar beneficiarias.
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