La frontera marítima con Marruecos, un conflicto sin resolver

27/01/2020

La delimitación de la mediana entre Canarias y la costa africana, el alcance de la Zona Económica Exclusiva y la ampliación de la plataforma continental para explotar recursos naturales suponen un problema espinoso, pendiente de una complicada negociación bilateral que España y el reino alauí prefieren mantener aparcada

La decisión unilateral de Marruecos de expandir por ley su frontera marítima hasta las aguas canarias pilló al Gobierno español a contrapié y ha obligado a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, recién aterrizada en el cargo, a desplegar las artes de la diplomacia con su homólogo marroquí, Naser Burita, para rebajar la tensión y reconducir la todavía pendiente delimitación de los espacios marítimos por la senda del diálogo y de una futurible negociación bilateral.

Aplacada de momento la inquietud inicial tras el compromiso de Marruecos de no imponer la ampliación de sus límites a España por la vía de los hechos consumados, Burita ha querido subrayar el valor de las «relaciones estratégicas» entre vecinos que son además «socios y aliados de confianza»-, la incómoda realidad es que el reparto de las aguas atlánticas que comparten los dos países sigue siendo un espinoso asunto pendiente, de gran complejidad por sus implicaciones económicas y geopolíticas.

Mientras no haya acuerdo bilateral, rige el statu quo derivado de la Convención sobre el Derecho del Mar

Y es precisamente esa complejidad y la conveniencia de no incomodar al país vecino -que maneja a voluntad la espita de la inmigración irregular procedente de África- lo que ha mantenido la cuestión de las aguas en el limbo durante años, sin que asome la posibilidad de una solución a medio plazo. De hecho, pese al revuelo formado, ni el Gobierno marroquí ni el español han hecho amago tampoco en esta ocasión de impulsar la necesaria negociación para repartirse las aguas atlánticas.

Límites

Las dos leyes que la Cámara de Representantes marroquí aprobó por unanimidad el pasado miércoles -pendientes aún de la ratificación del Senado y de la firma de Mohamed VI- amplían las 12 millas de aguas territoriales a lo largo del Sáhara Occidental, un territorio que el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que no pertenece a Marruecos, y establecen una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas que se solapa con la ZEE española en las aguas que rodean Canarias.

Marruecos pretende además extender hasta las 350 millas su plataforma continental -en la que se obtiene el derecho de explorar y explotar los recursos naturales del subsuelo marino-, una aspiración que choca también con la ampliación de la plataforma continental al suroeste de Canarias que el Gobierno de España solicitó en 2014 ante la ONU, aún pendiente de resolución. En el área en la que confluirían las plataformas de ambos países y sobre la que Marruecos quiere hacer vales sus «derechos exclusivos y soberanos» abarca una zona de importantes yacimientos minerales, como el monte submarino Tropic, al sureste de la isla de El Hierro, en el que se han hallado grandes reservas de cobalto y telurio, aunque de complicada extracción con la tecnología actual.

Tras la visita de la jefa de la diplomacia española a Rabat la partida parece haber quedado en tablas, con ambos países de acuerdo en que Marruecos tiene pleno derecho a legislar sobre sus aguas, pero con la salvedad de que cualquier solapamiento o choque de intereses tendrá que ser resuelto de mutua conformidad, como establece la legislación internacional.

Sin efectos

La ampliación de fronteras marítimas dictaminada por Marruecos tiene a efectos reales nula validez jurídica en aplicación del derecho del mar, porque no existe acuerdo con España para fijar la mediana con Canarias ni sobre los límites de la ZEE. Y mucho menos en lo que respecta a la ampliación de la plataforma continental, que debe ser aprobada por la Comisión de Límites de la ONU.

Mientras no haya acuerdo bilateral rige el statu quo derivado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) –el tratado multilateral adoptado en 1982 en Montego Bay (Jamaica) considerado como la Constitución de los océanos-, que establece que si no hay pacto entre países limítrofes se debe dividir el espacio marítimo común en dos mitades iguales.

Esta solución, por la que se establece de facto la mediana entre Canarias y la costa africana es sistemáticamente protestada por Marruecos, que considera que a las islas les debería corresponder bastante menos de la mitad de la franja marítima que separa los dos países, dado que Canarias no es un Estado sino un archipiélago que pertenece a España. Pero son protestas sin efectos.

¿A qué responde entonces el movimiento de Marruecos? La decisión apunta más a una estrategia interna, a un mensaje de reforzamiento del control sobre las aguas saharauis, en pugna en los tribunales europeos. La ministra española sorteó en su visita a Rabat el conflicto del Sáhara Occidental para no enrarecer las relaciones. El asunto del reparto de las aguas vuelve a quedar aparcado, al menos de momento.

La ONU es el árbitro

En su escala en Canarias para informar a Torres de la reunión que mantuvo en Rabat, Laya dio plena garantías de que España elevará una queja ante la ONU si Marruecos se atribuye las aguas del archipiélago con su decisión de ampliar sus fronteras marítimas. La jefa de la diplomacia española aboga por mantener la «tranquilidad» tras el compromiso de Rabat de que no habrá decisiones unilaterales.