La Cámara pide que no paguen por el superávit las administraciones

Nueva Canarias obtiene el respaldo unánime después de coincidir todos los grupos en criticar que los bancos cobren un 0,5% de interés a los más de 45.000 millones paralizados en cuentas

ALMUDENA SÁNCHEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Parlamento acordó ayer por unanimidad que el Gobierno del Estado adopte las «medidas legislativas necesarias» para que las Administraciones Públicas Canarias dejen de pagar el 0,5% de interés por los más de 45.000 millones que tienen en estos momentos paralizados en los depósitos bancarios, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La iniciativa fue propuesta por Nueva Canarias (NC) cuya diputada, Sandra Domínguez, explicó que un ayuntamiento medio de 20.000 habitantes, con un ahorro inmovilizado en las entidades financieras de unos 20 millones de euros, deberá pagar unos 100.000 euros de intereses al banco.

Esto supone, según Domínguez, el 25% de los presupuestos municipales dedicados a los servicios sociales. La «tormenta perfecta para que acabe ganando la banca», criticó.

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, recordó con resignación que esta postura ha sido «reiterada en varias ocasiones» por todos los partidos; «ahora lo que hace falta es que se materialice».

El portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, abogó por «derogar o modificar» la Ley de Estabilidad Presupuestaria, dado que establece para las Administraciones la prohibición de emplear el superávit generado en otra cosa que no sea a pagar deuda o costear inversiones financieramente sostenibles.

A su juicio, esto ha sido una «gran estafa para que el dinero público pase a manos privadas, al margen de las necesidades sociales que existen».

El portavoz del grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, recordó que en estos momentos, se acumulan en los depósitos bancarios «28.320 millones generados por los ayuntamientos y casi 17.000 millones de las comunidades autónomas».

El diputado de Coalición Canaria (CC) apuntó la necesidad de buscar algún mecanismo que permita excluir a las Administraciones de pagar intereses por el dinero público. En este sentido, consideró que la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, la de abrir una cuenta en el Banco de España, «tampoco sirve porque esta entidad también está obligada a cobrar intereses».