La investigación sobre malos tratos en La Fortaleza se inició el pasado verano
Infancia acompañó a un menor a Fiscalía para que pusiera la denuncia. Quórum 77 despidió a un trabajador tras visionar una prueba de un posible delito de odio
L.R.G.
Las Palmas de Gran Canaria.
Miércoles, 21 de mayo 2025, 02:00
La investigación judicial sobre el centro de menores La Fortaleza I, en Monte Lentiscal (Santa Brígida), comenzó el pasado verano a raíz de la denuncia de uno de los chicos.
«En ese momento hay una primera denuncia que se traslada por esta Dirección General de Infancia a la Fiscalía. Una denuncia que presenta un menor respecto a malos tratos que está recibiendo. El menor es un protegido de la Dirección General y por eso lo llevamos a presentar la demanda», explica la responsable del área, Rosa Rodríguez.
La directora general señala que presentaron la denuncia «donde procede», en la justicia, porque es donde se tiene que determinar «si hay o no delito de esas características». Y explica que no es el mismo caso que cuando, con las inspecciones que realizan desde el área, se han llegado a cerrar este mismo año dos centros, uno en Lanzarote y otro en Gran Canaria en los últimos dos años.
Un vídeo y un posible delito de odio
Sobre La Fortaleza I siguieron recibiendo «a lo largo de varios meses correos anónimos de trabajadores, correos que hemos puesto en conocimiento y trasladado también a Fiscalía, porque quien tiene conocimiento de que se está vulnerando el interés superior del menor debe denunciarlo», recuerda. Desde la dirección se comunicó toda la información que iba llegando, incluso la anónima. Pero es que «en un momento dado», dice Rodríguez, «llegamos a recibir un correo donde ya se nos traslada una prueba gráfica donde se puede ver que hay una situación de un posible delito de odio de un trabajador hacia un menor», reconoce.
Esa prueba se remitió a la Fiscalía, pero también se requirió a Quórum 77, que procedió a «apartar de inmediato a ese trabajador. La entidad lo despidió».
Rodríguez recuerda que desde octubre del pasado año cuentan con 39 efectivos para inspecciones en los centros, y gracias a ellos se cerraron los dos mencionados «porque no reunían los requisitos mínimos de atención a los menores respecto a condiciones de higiene o de convivencia». En este caso se hacen «requerimientos a las entidades para que esto se resuelva» y, de no hacerse o ser reiterativo en el incumplimiento, se determina el cierre.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, aseguró ayer que el problema no era «con la institución» encargada de los centros —de hecho Quórum es una de las ONG que más recursos gestiona—, sino de «ciertos trabajadores» de los mismos.
