Los interinos defienden que la norma estatal no tumba el acuerdo en Canarias
Iceta lleva hoy al Consejo de Ministros el decreto que plantea los procesos de estabilización e indemnizaciones para los funcionarios
El Comité de huelga de los trabajadores temporales de la comunidad autónoma asegura que el decreto ley que el ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, lleva al Consejo con el respaldo que dieron ayer los sindicatos nacionales no echaría por tierra el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Canarias, para empezar porque «no va en contra de la norma estatal» ni la ley tiene carácter retroactivo.
Aclaran, así, la modificación que plantea el ministro en un apartado del Estatuto Básico del Empleado Público donde prohibe expresamente cualquier acuerdo adoptado entre una administración pública y los trabajadores en abuso de temporalidad. «En la disposición adicional segunda dice que se aplicará a partir de su entrada en vigor —explica Manuel González, portavoz del Comité—. Por lo que todo sigue adelante y, si nos lo llegaran a tumbar, ya nos encargaremos de acudir a la Justicia, porque se están rozando muchos límites».
La reforma del Estatuto también incluye una indemnización de 20 días para quienes no superen el concurso —menos que un despido improcedente— y la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas por interinos desde hace más de 3 años. Según el comité, esta medida es potestativa, ya que no obliga a iniciar proceso de estabilización sino que establece plazos para quienes decidan hacerlo. Por tanto, «cada comunidad puede decidir qué ofertar y qué no, lo que podría dar a Canarias cierto margen de maniobra», señala.
Los trabajadores temporales aseguran que la huelga sigue convocada y mantienen los paros previsto para este mes
Es, precisamente en este punto donde parece atascado el diálogo, ya que mientras Iceta «sigue empeñado» en la estabilización, el Gobierno regional busca el mejor mecanismo para hacerlo a través de un proceso de selección. «En ningún caso el ministro ha planteado poner solución al fraude de ley y sigue contradiciendo a la normativa europea, que le ha dicho que las Ofertas de Empleo Públicas no son el modo adecuado de reducir la temporalidad ni de sancionar el daño a los afectados», señala.
Tampoco ven la viabilidad económica de la indemnización que ofrece el ministro, ya que corre a cargo de la comunidad autónoma y, teniendo en cuenta el alto porcentaje de empleados públicos temporales en Canarias, supondría un coste inasumible tanto para la ciudadanía como para las corporaciones locales.
Al margen del avance de la propuesta del ministro, el Comité de huelga confirmó que la Administración canaria ya ha convocado a las mesas de trabajo previstas en el acuerdo firmado hace apenas dos semanas y que están destinadas a identificar a los empleados en situación de abuso.
También negaron haber desconvocado la huelga que ya se extiende a más de seis meses, por lo que los días de paro se mantienen en las mismas fechas para este mes de julio (parcial el día 15 y completo del 24 al 27). A pesar de conseguir haber dado «algunos pasos», continúan demandando al consejero Julio Pérez una solución que garantice la continuidad en sus puestos de trabajo. «Insistimos en que no se trata de ponernos el título de 'empleado público a extinguir', sino de la permanencia real».
«Reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8% me parece un objetivo utópico»
El objetivo de la reforma que plantea Iceta es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en todo el empleo público en el plazo de tres años. Sin embargo, desde el Comité de huelga ven esta cifra no solo utópica sino irreal, ya que Canarias cuenta actualmente con una tasa de interinidad de aproximadamente el 40%— concentrada, sobre todo, en Sanidad y Educación— mientras que en los ayuntamientos ronda el 13%. «Creo que está mintiendo a Europa porque, además, en los próximos años esa cifra puede incluso aumentar», explica Manuel González. Señala que el gran número de jubilaciones y el nombramiento de interinos con carácter urgente será uno de los factores que eleven la tasa y la alejen de una meta ya suscrita, sin éxito, en la pasada legislatura por el exministro Cristóbal Montoro. Además, asegura que los futuros proyectos que se desarrollen en el archipiélago gracias a los fondos europeos requerirán previsiblemente de nuevas interinidades.
