El informe jurídico reconoce la ineficacia de las OPE para regular a los interinos

El documento plantea varios asuntos ampliamente señalados por las organizaciones sindicales Sepca, Intersindical Canarias y Co.bas -convocantes de la huelga- durante las protestas. Por un lado, reconoce que los procesos de estabilización y consolidación mediante las ofertas públicas de empleo no son el mecanismo más adecuado para acabar con el abuso de temporalidad puesto que, al no constituirse como pruebas restringidas, no concibe sanciones ni compensaciones para las personas que se encuentran en dichas circunstancias. El Comité de huelga ve esto como una contradicción, ya que es la Administración la que también defiende la necesidad de desarrollar pruebas selectivas de libre concurrencia de cara a obtener la fijeza sacando a concurso-oposición las plazas ocupadas por el personal objeto de abuso.

A esto se añade otro matiz, que es el de centrar el debate en el «acceso» a la oferta pública cuando los trabajadores llevan años en sus puestos de trabajo. De lo que se trata, recalcan desde las organizaciones sindicales, es de corregir las irregularidades y el fraude de ley que ha cometido la Administración para alcanzar la «permanencia real» en los puestos de trabajo y no «la conversión automática en fijos».

Por otro lado, el informe acepta para el personal laboral que se valoren los méritos y la capacidad en tanto que «hay personas muy preparadas y con alto nivel de profesionalidad, con años de experiencia y formación que, en su conjunto, supone un acerbo (SIC) acumulado que se convierte en un valor de primer orden».

Si bien los juristas coinciden en que seguir prolongando el conflicto en las islas supone importantes costes sociales y económicos, y que la solución debe venir de la mano de la «voluntad política», los sindicatos critican que el Gobierno de Canarias no ha variado su posición histórica a partir de la investidura de Ángel Víctor Torres. De esta manera, el diálogo entre las partes vuelve a estancarse, en tanto que el Comité de huelga considera que los pasos de la Administración han sido «interesados», dando la impresión ante los medios de comunicación, el Parlamento y la opinión pública de una «negociación fingida con el objetivo de dilatar el conflicto en el tiempo». Llaman así a continuar con las movilizaciones para defender los derechos de los empleados públicos y evitar los despidos.