El informe del Gobierno de Canarias sobre los incidentes ocurridos a lo largo de la última semana en el centro de menores de Tafira (Gran Canaria), remitido en la tarde de ayer a la Fiscalía, no detecta ninguna evidencia de que se hayan vulnerado los derechos de los jóvenes migrantes, en contra de lo que mantienen doce de los internos ahora fugados, que presentaron denuncia por malos tratos por parte de los educadores y del director.
La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, adelantó tras enviar las conclusiones a la Fiscalía que ninguno de los chicos entrevistados por las tres técnicas que visitaron las instalaciones el domingo con carácter de urgencia , entre ellos ocho de los jóvenes que se fugaron el viernes y retornaron al centro, «manifiesta nada de lo que se recoge en la denuncia de la que tuvimos conocimiento por lo medios de comunicación».
Según los hechos constatados por las trabajadoras de la dirección general, la fuga se produjo tras la decisión del centro de derivar a varios chicos a otros recursos alojativos a raíz de los altercados que habían protagonizado los días anteriores, y los que decidieron regresar están ahora siendo amenazados y coaccionados por los que siguen fugados. Alguno de los que han vuelo ya presentó denuncia ayer mismo por estas amenazas y no se descarta que lo hagan más.
Las conclusiones del informe apuntan a la conveniencia de continuar con el traslado de los menores que tengan comportamientos disruptivos a otros centros más adecuados, para evitar problemas de convivencia y reducir el número de plazas ocupadas del recurso de Tafira, actualmente al máximo de su capacidad. «Tenemos varios dispositivos y siempre pretendemos trabajar de manera individualizada teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los menores», indica la directora general de Protección a la Infancia en relación a los traslados de los menores más conflictivos.
La segunda de las conclusiones del informe es la necesidad de reforzar el equipo de trabajadores del centro, para reconducir la situación en todo lo que tiene que ver con el establecimiento de normas y aumentar la vigilancia para evitar que se repitan situaciones como las detectadas de robo de teléfonos móviles y otros objetos personales.
Y en tercer lugar, el informe propone asimismo que se garantice la protección de los menores que regresaron tras fugarse y están siendo amenazados desde fuera. El Gobierno asegura que en todo momento se actuará «velando por el interés de los menores» con más visitas al centro y mayores controles para garantizar su correcto funcionamiento.
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