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En un momento en el que acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de primer orden, el sector de la construcción reclama, «con carácter general, se declare estratégico en Canarias, porque lo es», señala la presidenta de la Asociación de Empresarios Promotores y Constructores de Las Palmas (AECP), María Salud Gil.
Frente a la «demonización» de la industria asociada a la construcción, la patronal del sector trabaja para acabar con viejas creencias que asocian la extracción de áridos a problemas medioambientales que, dicen, los ayuntamientos han ayudado a propagar para satisfacer el interés particular frente al bien de la generalidad. Ana Kurson, arquitecta y asesora de la asociación, recuerda que «es un sector directamente vinculado a actividades productivas esenciales de la economía», lo que lleva a una estrategia a nivel europeo que se va concatenando con las legislaciones nacionales de los diferentes países, «donde se han declarado esenciales una serie de elementos que tienen que ver con las energías renovables y por lo tanto con los sectores extractivos».
Y para poner en valor esa relación entre industria extractiva y energías renovables, un ejemplo certero. «La central hidroeléctrica de Chira Soria necesita un volumen de 100.000 metros cúbicos de hormigón. Y ese hormigón se abastece directamente a través de las actividades extractivas que hay en el territorio de la isla de Gran Canaria. Esa actividad extractiva la Ley de Minas la declara también como de interés general». Con todo, las alegaciones a la Ley del Suelo presentadas por la AECP que «esas actividades extractivas en el territorio se declaren de interés público y social como se hizo en su momento con las renovables. ¿Por qué? Porque están directamente vinculadas a las renovables», explica Kurson.
Exactamente «la justificación del interés general de la actividad extractiva en España se basa en la necesidad de garantizar el suministro de recursos esenciales para la economía y la sociedad», señalan los constructores canarios. De tal modo que habría que «armonizar la protección del medio ambiente con la explotación de los recursos minerales», a la par que se tiene en cuenta y se reconoce que «los minerales críticos y estratégicos, como es la actividad extractiva, constituyen una prioridad de interés público para el funcionamiento» de la economía.
Y como apunta Ana Kurson, «esa actividad extractiva está vinculada con el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del que se está hablando en estos momentos, vinculado a la actividad industrial que está directamente vinculado con la industrialización del sector y con la prefabricación que se está persiguiendo» para acortar tiempos en la construcción para poder, entre otras cosas, atender a la emergencia habitacional.
Lo que Asociación de Empresarios Promotores y Constructores de Las Palmas reclama es «una estrategia conjunta» de prefabricación, actividad extractiva y por sector de la construcción. Y la presidenta, María Salud Gil, es categórica: «Sin la declaración estratégica del sector industrial no es posible la sostenibilidad».
Y de esta manera el debate entre las diferentes intervinientes en el sector de la construcción concluye en «el árido no se puede vincular a lo que se está vinculando en este momento, a esa demonización, a esa imagen pública desastrosa», en palabras de María Salud Gil.
«O sea, sin la declaración estratégica del sector no se cierra el círculo ni de la protección de las aves, ni de la generación de energía por salto de agua, ni de la innovación, ni de la transformación digital... Estamos hablando de economía circular y en ese círculo, por decirlo así, falta la declaración estratégica de elementos importantes de la industria», tanto en Canarias como a nivel nacional.
Ante este panorama, reconoce también el vicepresidente de la AECP, José Román Ramos, lo que está ocurriendo hoy es que la industria extractiva, y la industria en general en el sector, no solamente es demonizada, «sino que el hecho de no estar protegida, ni estar promovida, ni declarada como estratégica, permite su desaparición».
Y hay que destacar que «sin áridos no hay infraestructuras, que al final las infraestructuras son renovables, son vías, son carreteras...». Con esto lo que el vicepresidente de la patronal de la construcción pretende destacar es que «la demonización normalmente de este tipo de industrias, que son ruidosas y que generan polvo -que también habría que ponerlo un poco entre paréntesis, porque también es cierto que existen modos y maneras de poder mitigar eso- hay ocasiones con las que, con solo levantar la mano, ya ponen el acento sobre una industria que está provocando una generalidad de beneficios y que está perjudicando, o puede llegar a perjudicar, que ya me gustaría a mí que se demostrase, a unos pocos». Sobre este razonamiento, sector defiende que se proteja la industria extractiva en favor de la generalidad.
«El sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria vive un momento de encefalograma plano». Quien lo dice es María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Promotores y Constructores de Las Palmas (AECP). «Aparentemente es verdad que crecemos, es verdad que vamos generando empleo, pero hay una cuestión que no se está teniendo en cuenta y es que estamos creciendo sobre decrecimientos». En los años de crisis –del 2007 al 2014– el sector perdió un 50% de su participación en el Producto Interior Bruto de Canarias y en torno a 100.000 trabajadores, lo que llevó a una transformación estructural que se tradujo en que «las empresas se desintegraron en pequeñas empresas de servicio».
De aquellas empresas fuertes, estructuradas y diversificadas, con industria, donde eran promotores y constructores, se pasó a un estado de «debilidad», con mucho tejido productivo pequeño, microempresas; prácticamente solo un 2% de empresas del sector tienen más de 50 trabajadores y la mayoría de ellos tienen menos de 10 y menos de 5, enumera la presidenta de la patronal de los constructores. Con todo, «tenemos un sector que es fuerte, innovador, resiliente, que se transforma e innova y que, además, tiene una vocación de crecimiento brutal y de permanencia». Ahora bien, se enfrenta a una emergencia habitacional de la que, señala la presidenta, «el sector se siente capaz como solución al problema» tras haber participado activamente en promover iniciativas que hoy han visto la luz, como el Decreto-ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda; o el posterior Decreto-ley 3/2025 «que viene a remendar o solucionar problemas de inseguridad jurídica del primer decreto a la hora de implantarlo, cosa que es sumamente importante».
También es cierto que se ha conseguido que el Gobierno «entienda que la iniciativa privada es el aliado imprescindible para poder acabar con la emergencia habitacional», lo que lleva a la modificación de la Ley del Suelo. La transformación que se necesita para paliar el problema del acceso a la vivienda no será posible, entienden los constructores, «si no se coordina» la cadena implicada en el proceso; desde administraciones públicas, con la gestión y planeamiento del suelo, hasta el sector privado, constructor e industrial.
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