El departamento que dirige la ministra María Jesús Montero no concreta sin embargo cómo va a garantizar que Canarias quede exenta de cumplir la directiva comunitaria de armonización fiscal, dado que hasta el momento el Ejecutivo estatal no ha solicitado la excepción a la UE ni ha adelantado su intención de plantear ninguna propuesta de corrección para salvaguardar el diferencial fiscal de las islas.
Fuentes ministeriales se limitan a señalar que el Gobierno velará para que cualquier reforma fiscal de ámbito europeo tenga en cuenta la singularidad de las RUP, reconocida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
En la misma línea va también la respuesta remitida por Hacienda al senador de CC, Fernando Clavijo, quien preguntó al Gobierno por qué «se olvidó» de poner sobre la mesa las particularidades fiscales de Canarias en la directiva comunitaria que impone el tipo mínimo del 15% sobre el Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan más de 750 millones de euros anuales, y si prevé enmendar dicho olvido antes de su entrada en vigor.
En términos casi idénticos a los que expuso Montero en el Congreso hace un mes cuando fue interpelada al respecto en sesión de control, la respuesta del Ministerio apela a la necesidad de tener una «consideración especial» con las RUP, a pesar de que el Gobierno busca el consenso internacional en el establecimiento de un tipo mínimo del 15% para evitar la fuga de capitales de un país a otro. El Ejecutivo garantiza que «seguirá defendiendo la especial sensibilidad con el fuero de Canarias y con todas las regiones ultraperiféricas».
La falta de concreción de Hacienda, que ya dejó patente la ministra Montero cuando evitó adelantar de qué manera va a defender qué Canarias quede exenta de la directiva, es para CC una muestra más del «desprecio» del Gobierno al diferencial fiscal isleño consagrado en el REF.
El Gobierno canario, por su parte, admite que hay preocupación pero entiende que el tiempo que queda para que se apruebe la norma y su transposición a la legislación nacional -ampliada hasta enero de 2024- deja margen suficiente para trazar una estrategia conjunta con el Estado ante Bruselas que garantice la exención del archipiélago.
En todo caso, el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno canario, Román Rodríguez, que se trasladó a Bruselas a principios de mayo para exponer ante la Comisión Europea las particularidades fiscales de las islas, ha pedido esta semana a los eurodiputados canarios que «se ganen el sueldo» y reclamen en el Parlamento Europeo que el archipiélago quede exento del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, de la misma manera que ya se consiguió que Canarias quede fuera de la directiva de la UE sobre comercio de emisiones de CO2.
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