La ley del suelo llega con efectos inmediatos

Estas medidas facilitan fundamentalmente todo lo relacionado con las autorizaciones administrativas que se precisan para echar a andar determinados proyectos o servicios, ya que una vez que la norma entre hoy en vigor, no se precisará de una licencia municipal, sino que será suficiente con una comunicación previa. Además, el sector primario obtiene respuestas a muchas de sus demandas.

Y lo que para el Gobierno es agilizar los trámites, para otros es falta de control en la utilización del suelo. Ésta es una de las grandes preocupaciones de partidos y organizaciones que se han manifestado contra la ley porque entienden que se abre la puerta al crecimiento desordenado y, en última instancia, a la especulación.

Entre éstas está la Plataforma Canarias por un territorio sostenible —integrada por sindicatos, partidos, grupos ecologistas o personas a título individual- que dudan de que esta nueva norma reduzca la maraña administrativa y vaticinan que creará inseguridad jurídica y se romperá la cohesión territorial. Denuncian que se ha hecho sin participación y sin diagnóstico de la situación actual.

Otro de los aspectos más valorados por el Ejecutivo al elaborar la ley y más criticada por sus detractores es el poder que se otorga a los ayuntamientos. Serán los municipios quienes propongan y aprueben su plan general. La única concesión al respecto fue la modificación en el Parlamento que limita a los cuatro municipios con más de 100.000 habitantes la facultad también de elaborar el informe ambiental. Para el resto de municipios, será la Comunidad Autónoma quien evalúe desde el punto de vista ambiental los planeamientos generales. Además, el filtro que antes ejercía la Cotmac a partir de ahora estará en los tribunales.

Otro de los aspectos recogidos por la ley y objeto de debate son las figuras excepcionales atendiendo al interés insular y autonómico. Los críticos lamentan el descrédito de los instrumentos convencionales de planteamiento, sustituidos por los proyectos.

Articulado. La mayor parte del articulado de esta ley -más de 400 artículos- es de aplicación directa. Otros dependen del procedimiento, como es el caso de los aspectos relacionados con el planeamiento. En este caso, también se pueden iniciar los trámites desde hoy pero sus efectos tardarán más en manifestarse.

Cambios. Entre los cambios incluidos por el Parlamento de Canarias al proyecto de ley durante su tramitación, figura la limitación de la actividad turística en suelo rústico a un máximo de 250 metros cuadrados en edificaciones ya preexistentes, frente al 10% de las propiedades agrarias en suelo rústico que permitía el documento inicial del Gobierno

Estratégicos. La ley de proyectos estratégicos, derogada con esta nueva norma sobre el territorio, pretendía fundamentalmente agilizar los plazos de tramitación administrativa. Ahora, una vez establecida en la nueva ley la reducción de plazos y trámites, esta vía externa carece de sentido aunque, según los críticos, el problema se mantiene, y reside en la discrecionalidad para decidir sobre la urgencia o la importancia de los proyectos que se permiten.

Excepcionalidad. La normativa recoge figuras excepcionales para solventar problemas de urgencia en los planeamientos.

Rompiendo la tradición de la Cámara regional que respalda con un amplio consenso las normas decisivas para Canarias, la Ley del Suelo contó para su aprobación definitiva -el pasado mes de junio- con el apoyo de poco más de la mitad de los sesenta parlamentarios. Y es que la ley estrella de la legislatura salió del Parlamento autonómico con el visto bueno de 33 votos -de Coalición Canaria, Partido Popular y Asociación Socialista Gomera (ASG)-. El Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias argumentaron que, juntos, representaban en torno a 70.000 votos más que los obtenidos por los parlamentarios que apoyaron el nuevo texto legislativo.

A principios de 2016, el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, presentó publicamente la iniciativa en la que ya llevaba varios meses trabajando la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, y un equipo redactor dirigido por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar. Antes de esta exposición del presidente, ni siquiera sus entonces socios del PSOE conocían el contenido del anteproyecto de ley.

En aquel momento, Clavijo subrayó que su objetivo era que la Comunidad Autónoma dejara de ser un obstáculo para la inversión, agilizar los plazos y reducir la maraña administrativa en torno al territorio para ganar seguridad jurídica. Esta declaración de intenciones fue acogida con optimismo por el Partido Popular, a la vez que encontró de frente a Podemos y Nueva Canarias. Los socialistas, que entonces se sentaban en el Consejo de Gobierno con Coalición Canaria- tuvieron que lidiar sus propios debates internos y nunca mantuvieron una posición única y definida. Finalmente votó en contra de la nueva norma en el Parlamento canario.

Previamente, y frente al trabajo de Barreto y Villar explicando la norma y recabando apoyos entre los sectores y colectivos sociales más afectados por la aplicación de la norma, el documento encontraba la contundente respuesta de la Plataforma por una Canarias Sostenible. Integrada por sindicatos, colectivos sociales, grupos políticos o personas a título individual -entre ellos el expresidente del Gobierno, Paulino Rivero (de Coalición Canaria), o el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar , que firmó un manifiesto contra la ley-.

Desde este foro se ha rechazado la mayor y denunciado uno de los fundamentos del nuevo documento: la eliminación de los controles en el uso del suelo. Además, han criticado la falta de un diagnóstico riguroso previo sobre la situación actual del Archipiélago que sirviera de base a este texto.

Pero la norma no sólo ha recibido críticas por su contenido, sino por las formas. Además de denunciar la falta de participación y debate en torno al documento elaborado por el Ejecutivo de Fernando Clavijo, distintas instituciones, organizaciones y colectivos hicieron pública su protesta al considerar que los plazos de información pública -veinte días- eran insuficientes para participar en el proceso y presentar alegaciones a una iniciativa de gran complejidad en su contenido y que además consta de más de 400 artículos. Finalmente, el plazo se amplió en quince días.