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El Gobierno autonómico formado por el Partido Socialista Canario (PSC), Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) tendrá que inyectar en el presupuesto del año que viene unos 209 millones de euros más en el capítulo de Personal, con lo que la ficha financiera podría superar los 1,7 millones.
El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, atribuyó este incremento a dos factores. El primero, por ser el de mayor cuantía, es el coste que supondrá la reducción de la jornada laboral del personal sanitario y docente, un acuerdo alcanzado por el Gobierno anterior sin tener cobertura presupuestaria, como ha denunciado el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Solo este concepto significará un desembolso de unos 124 millones.
El otro factor que se deberá afrontar es el de la actualización de la plantilla y las retribuciones, que supondrán alrededor de 65 millones. Por último, se consignarán unos 20 millones para pagar los sexenios.
Para Olivera «éste es la gran dificultad de la que parte el presupuesto de 2020». Asegura que el Gobierno «está de acuerdo con el fondo» de la reducción de jornada laboral «pero nosotros la hubiéramos asumido de forma más progresiva».
En cualquier caso, el incremento presupuestario se financiará llevando al alza la regla de gasto, hasta el 2,8%, informó el viceconsejero.
Esto únicamente es posible por la decisión de subir impuestos, especialmente con la recuperación del medio punto en el tipo general del IGIC, pero también con la «reestructuración de gastos que hemos empezado a acometer». Con estos dos elementos «financiaremos la agenda social» del año que viene.
En ese sentido, Antonio Olivera habla de «100 millones; 80 vendrán de la reajuste del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y el resto, de políticas diversas».
De todos modos, el viceconsejero de Presidencia recordó lo que explicó el propio presidente Ángel Víctor Torres, que la subida de determinados impuestos estará modulada en función del nivel de acuerdo al que se llegue con cabildos y ayuntamientos en el reparto de todos los recursos disponibles por las tres partes.
De esta forma, la decisión que adopte finalmente el Ejecutivo se conocerá después de la postura que acuerden las administraciones locales.
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