El convenio de carreteras, atascado y sin fecha de firma
Aunque oficialmente ninguna de las partes ve impedimento alguno para cerrar los términos del nuevo convenio de carreteras, en la práctica la negociación entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento lleva meses en punto muerto y sin fecha en el horizonte para su firma.
Loreto Gutiérrez y Madrid
Martes, 30 de enero 2018, 11:37
El futuro del nuevo convenio de carreteras que Canarias lleva meses negociando con el Estado sigue rodeado de incertidumbre, retrasándose sin explicación aparente y sin fecha para su entrada en vigor, pese a que el compromiso inicial era que estuviera firmado antes de que acabase 2017.
La dilación sobre los plazos previstos ha llevado al Gobierno canario a elevar el tono en su relación con Fomento -tras varios anuncios frustrados de una inminente fecha de firma a finales de año que no fueron secundados por el Ministerio-, en un intento de agilizar el proceso negociador. En pocas semanas, el Ejecutivo autónomo ha pasado de una postura de entendimiento con el Estado, incluso de satisfacción por haber pactado una adenda al acuerdo vigente que garantiza financiación para carreteras en 2018, a exigir la firma «inmediata» de nuevo convenio -con escenificación de unidad con los cabildos incluida-, poniéndolo incluso como condición sine qua non para apoyar los Presupuestos de 2018.
Por parte de Fomento no ha habido aún respuesta al cambio de actitud del Gobierno canario. En teoría las negociaciones continúan con normalidad, sin que hayan hecho mella las prisas que se pretenden imponer desde las Islas. Pero sigue sin haber tampoco por parte del Ministerio una explicación clara sobre el motivo del retraso sobre los tempos comprometidos. Hace más de dos meses el ministro De la Serna aseguró en el Senado que no había obstáculos para el acuerdo y dijo que el objetivo seguía siendo aprobar el nuevo convenio antes de que acabara el año, un plazo que ya ha quedado superado sin que hayan transcendido las razones.
En el impasse llegó además la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a pagar a Canarias 138 millones de euros como compensación al recorte de la anualidad del convenio de carreteras en 2012, cuyo cumplimiento el Gobierno autónomo quiere pactar en el marco de la negociación global del nuevo convenio.
