Dávila no llevará al Consejo de Gobierno la señal de RTVC

17/04/2018

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se niega a llevar al Consejo de Gobierno la autorización para que Retevisión cobre dos millones por el contrato que mantiene Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC) que le permite emitir diariamente. Ello a pesar de que la Intervención General dice que debe pasar por el consejo.

El pago a Retevisión por el contrato de señal que procura a Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC) se atasca. Frente a la determinación de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de que es el Consejo de Gobierno el que debe autorizar el pago de dos millones de euros, está la negativa de la Consejería de Hacienda.

Su titular, Rosa Dávila, respondió ayer que ni ha llevado ni piensa llevar el contrato al órgano de decisión por mucho que se lo diga la Intervención General. «No puedo afirmar que vaya a llevar al consejo algo que no es de la competencia del Gobierno», contestó.

Dávila dijo que «no me debe de constar» el informe de la Intervención en el que emplaza al Consejo de Gobierno a autorizar el desembolso de los dos millones. «Intervención General es un órgano de fiscalización y control de los distintos entes y por tanto, no me corresponde como consejera pronunciarse sobre los órganos de fiscalización del Gobierno», sostuvo tras ser preguntada por la existencia de dicho informe y si iba en el sentido que se ha difundido.

Para cualquier cuestión que se le formuló, la consejera no se despegó ni un milímetro del reiterado artículo 5 de la ley que regula RTVC, sobre las relaciones que tiene el ente con el Gobierno. Incluso, su interpretación la extendió más allá al declarar que la Intervención General es un «órgano de fiscalización independiente de la Consejería de Hacienda».

Dávila habló en términos de suposiciones al indicar que dicho órgano de fiscalización «se habrá dirigido al ente RTVC y por lo tanto, corresponde a éste responder».

En los mismos términos se expresó sobre la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de la que toda la oposición cree que obliga al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto en cuanto a la adjudicación de los Servicios Informativos de RTVC.

A juicio de Dávila, el Parlamento es el que tiene las competencias, en contra de sus letrados.