Batacazo en el Constitucional

22/04/2019

El Gobierno de Canarias pierde el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra una ley del PP que, según consideran los letrados, da la potestad al Estado de incumplir los convenios que firma de manera arbitraria y desleal.

El Tribunal Constitucional vacía de razones al Gobierno de Canarias cuando éste denunció varios artículos de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público al considerar que infringen los principios de «lealtad institucional», interdicción de la «arbitrariedad» y vulnera la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.

La sentencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), llega en plena discusión sobre el cumplimiento de los convenios suscritos entre el Gobierno central y el canario, aunque el recurso de inconstitucionalidad se presentó el 4 de julio de 2016.

La ley objeto de la denuncia se aprobó cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno de España y empezó a incumplir convenios, como el de carreteras, excusándose en la crisis de 2008.

Una de las objeciones de los Servicios Jurídicos se refiere al 50.2 d) al interpretar que se libera al Estado de sus obligaciones financieras en un negocio que, a priori, es «paritario». Por eso acusan un «desequilibrio obligacional carente de toda explicación que genera graves consecuencias para las administraciones que celebren convenios con el Estado».

Sin embargo, el Constitucional explica que los acuerdos en discusión son los «denominados convenios subvención», aquéllos en los que la Administración estatal se compromete a financiar con recursos propios tareas o competencias que ejerce la autonómica. Están respaldados por la «correspondiente habilitación presupuestaria», y el marco normativo permite que el Estado pueda establecer habilitaciones para presupuestos futuros.

Sin embargo, «las Cortes Generales no están obligadas a autorizar el crédito necesario para satisfacer estos compromisos plurianuales de gasto, por más que hayan sido contraídos» por el Gobierno, puntualiza. «A su vez -añade el Constitucional-, sin la oportuna autorización presupuestaria el Gobierno no podrá ejecutar tales compromisos».

Aún así, reconoce que el Ejecutivo está «obligado» a incluir en los proyectos de ley de presupuestos de cada ejercicio el compromiso del gasto convenido.

En cualquier caso, «la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos». Si esto no es así, «la comunidad autónoma acreedora dejará de ingresar aquellas cantidades, pese a estar válidamente comprometidas», por lo que reconoce que «afecta sin duda a su autonomía política y financiera, pero deriva de principios constitucionales tales como la división de poderes, la autonomía parlamentaria y la legalidad presupuestaria», matiza.

Y en este sentido, el Tribunal Constitucional abunda en que «una comunidad autónoma, cuando entra en negociaciones con el Estado, en orden a financiar sus competencias, conoce de antemano la facultad gubernamental de resolución de este tipo de compromisos plurianuales de gasto por ausencia del correspondiente crédito presupuestario. Si opta por suscribir el convenio -advierte-, habrá consentido formalmente el riesgo de que no ingresen finalmente en sus arcas públicas cantidades válidamente comprometidas».

Por otra parte, los magistrados señalan que «no puede decirse» que la ley permita al Estado dejar el cumplimiento del convenio a la exclusiva voluntad de una de las partes. «El Gobierno podrá declarar la extinción del compromiso de gasto derivado del convenio subvención solo si acontece un hecho futuro y ajeno a la voluntad de las partes».

Y en ese supuesto, «el Gobierno está obligado a ponderar las «perturbaciones» que implique para la comunidad autónoma los impagos en sus previsiones de ingresos y gastos. Por tanto, no hay desequilibrio obligacional «ni atenta contra la interdicción de la arbitrariedad, la lealtad institucional y la autonomía».

El Tribunal Constitucional vacía de razones al Gobierno de Canarias cuando éste denunció varios artículos de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público al considerar que infringen los principios de «lealtad institucional», interdicción de la «arbitrariedad» y vulnera la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.

La sentencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), llega en plena discusión sobre el cumplimiento de los convenios suscritos entre el Gobierno central y el canario, aunque el recurso de inconstitucionalidad se presentó el 4 de julio de 2016.

La ley objeto de la denuncia se aprobó cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno de España y empezó a incumplir convenios, como el de carreteras, excusándose en la crisis de 2008.

Una de las objeciones de los Servicios Jurídicos se refiere al 50.2 d) al interpretar que se libera al Estado de sus obligaciones financieras en un negocio que, a priori, es «paritario». Por eso acusan un «desequilibrio obligacional carente de toda explicación que genera graves consecuencias para las administraciones que celebren convenios con el Estado».

Sin embargo, el Constitucional explica que los acuerdos en discusión son los «denominados convenios subvención», aquéllos en los que la Administración estatal se compromete a financiar con recursos propios tareas o competencias que ejerce la autonómica. Están respaldados por la «correspondiente habilitación presupuestaria», y el marco normativo permite que el Estado pueda establecer habilitaciones para presupuestos futuros.

Sin embargo, «las Cortes Generales no están obligadas a autorizar el crédito necesario para satisfacer estos compromisos plurianuales de gasto, por más que hayan sido contraídos» por el Gobierno, puntualiza. «A su vez -añade el Constitucional-, sin la oportuna autorización presupuestaria el Gobierno no podrá ejecutar tales compromisos».

Aún así, reconoce que el Ejecutivo está «obligado» a incluir en los proyectos de ley de presupuestos de cada ejercicio el compromiso del gasto convenido.

En cualquier caso, «la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos». Si esto no es así, «la comunidad autónoma acreedora dejará de ingresar aquellas cantidades, pese a estar válidamente comprometidas», por lo que reconoce que «afecta sin duda a su autonomía política y financiera, pero deriva de principios constitucionales tales como la división de poderes, la autonomía parlamentaria y la legalidad presupuestaria», matiza.

Y en este sentido, el Tribunal Constitucional abunda en que «una comunidad autónoma, cuando entra en negociaciones con el Estado, en orden a financiar sus competencias, conoce de antemano la facultad gubernamental de resolución de este tipo de compromisos plurianuales de gasto por ausencia del correspondiente crédito presupuestario. Si opta por suscribir el convenio -advierte-, habrá consentido formalmente el riesgo de que no ingresen finalmente en sus arcas públicas cantidades válidamente comprometidas».

Por otra parte, los magistrados señalan que «no puede decirse» que la ley permita al Estado dejar el cumplimiento del convenio a la exclusiva voluntad de una de las partes. «El Gobierno podrá declarar la extinción del compromiso de gasto derivado del convenio subvención solo si acontece un hecho futuro y ajeno a la voluntad de las partes».

Y en ese supuesto, «el Gobierno está obligado a ponderar las «perturbaciones» que implique para la comunidad autónoma los impagos en sus previsiones de ingresos y gastos. Por tanto, no hay desequilibrio obligacional «ni atenta contra la interdicción de la arbitrariedad, la lealtad institucional y la autonomía».